La ruptura de la legalidad institucional en Cataluña es de tal gravedad que bien merece la intervención del Consejo de Estado, de los tribunales, de la conferencia de presidentes autonómicos, de observadores internacionales... en busca de un acuerdo político unánime y consensuado, no solo motivado por la ilegalidad de un procedimiento que incurre en evidente prevaricación, si no por la falta de legitimidad y razones políticas con que se está llevando a cabo.
Porque es necesario decir la verdad: Cataluña no es el nombre de una colonia, ni es, políticamente hablando, una colonia española, ni un pueblo ocupado, ni la consecuencia de una invasión imperialista. Y porque no cabe reclamar la autodeterminación, los promotores del procés lo han convertido en un fin en sí mismo, despreocupados de justificar o rechazar con fundamentos los por qué, para qué, cómo y con quiénes es necesaria la independencia de Cataluña. Están ocasionando un daño irremediable a la causa nacionalista que devolvió Tarradellas a la España democrática para construir la nueva Cataluña autónoma, dueña de sí pero hermana del resto, hoy avergonzada por la corrupción y la rapiña de quienes vinieron después.
Sorprende que la reivindicación independentista no proceda de Euskadi que, puestos a demandar soberanía y autodeterminación podría, a priori, argumentar con mayor peso. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco no se ha puesto al lado de los secesionistas, demostrando mucho más seny. Algo querrá decir tal cosa, porque en este galimatías es importante la opinión -y la intervención- del PNV que, además, cuando se manifiesta sobre algo suele hacerlo en términos políticos. Precisamente lo que no ha hecho el Gobierno central, que durante años dejó todo en manos de la justicia y metió el problema en el cajón de los asuntos pendientes, sumido en una obtusa competición por ver quiénes ocupaban más banquillo, si los populares o los convergentes.
Y alguna consideración preventiva, porque en todas partes aparecen actores con cajas de cerillas en las manos. El no al referendo y la pésima gestión de la Moncloa al respecto no pueden justificar la ruptura antidemocrática que supone este tajazo institucional, comandado por Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía, a la brava, con brutalidad y ensañamiento contra todo lo que el pueblo catalán -y el resto de españoles- hemos construido juntos. Ellos solos han liquidado cualquier posibilidad de que la independencia prospere.
Y en el otro lado, los voceros del nacionalismo español deberían refrescarse las meninges y la boca antes de reclamar medidas drásticas donde se necesita sensatez política, porque solo les falta pedir que los tanques ocupen, ay, las Ramblas. Milans del Bosch ya no está, a Dios gracias, pero no conviene convocar su espíritu. No necesitamos mártires ni por esta causa ni por ninguna otra. I molts, jo també, sí tenim por.