Contra lo que pueda parecer a primera vista, las sesiones del Parlamento catalán en las que se aprobaron las leyes de referendo y de ruptura tuvieron un aspecto positivo por esclarecedor. Sirvieron para visualizar cómo se las gastan los independentistas, capaces de aplastar sin miramientos los derechos de los diputados de la oposición. Produce escalofríos pensar que ese sería el trato que se dispensaría a los disidentes en una hipotética república catalana. Los insultos y descalificaciones recibidos por Joan Coscubiela, un veterano luchador antifranquista de izquierdas, tras su magistral alegato en el que denunció la vergüenza que se vivía en la cámara, lo demuestran. El acoso a los alcaldes -¡alentado por el propio Puigdemont!- que no están dispuestos a saltarse la ley y no cederán sus locales para la mascarada del 1-O va en la misma línea. Ni siquiera se salvan los equidistantes. O estás con nosotros o eres unionista, facha o un antidemócrata que no permite que «los catalanes» voten. Sabido es que los nacionalistas hablan siempre en nombre de todos los ciudadanos. El disparate de lo que está pasando se explica en unos datos. Los representantes de menos del 48 % de los votantes quieren imponer al resto un referendo sin garantías cuyo resultado saben de antemano. Y, además, mediante una ley aprobada por mayoría, cuando para reformar el Estatuto catalán se requieren dos tercios de la cámara. Pero, en lugar de aceptar que, además de ser ilegal, lo que ya bastaría, tampoco les dan los números para poner en marcha un proceso de autodeterminación, siguen hacia adelante llevando a la sociedad catalana al desastre del enfrentamiento civil. Y ahora se quejan cínicamente de la respuesta legítima del Estado.