La gestión de los residuos en las «sociedades de consumo» se ha convertido en un problema de primer orden. En este sentido, la noticia de que el Gobierno del Principado haya dado carpetazo al famoso proyecto de la mastodóntica incineradora supone un espaldarazo a todos aquellos que entendíamos que su construcción era un tremendo error.
No obstante, esto no significa que Asturias lo haya hecho todo mal al respecto, aunque le pese a quienes basan su discurso únicamente en chascarrillos apocalípticos. Más bien al contrario, pues la región se encuentra en una posición privilegiada a la hora de abordar este gigantesco reto común.
Y es que nuestra legislación deja en manos de los ayuntamientos la competencia sobre el tratamiento de los residuos. Sin embargo, estas instituciones no tienen la capacidad material, debido a su tamaño geográfico y presupuestario y a la magnitud del problema, para llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente. Si uno echa un vistazo al mapa español quedaría horrorizado, porque la mayoría de los residuos sigue yendo a vertederos no controlados y su gestión es un foco de corruptelas. Solo se puede abordar el problema a través del aprovechamiento de sinergias intermunicipales adoptando economías de escala adecuada.
En consecuencia, en Asturias, ya en 1982, se tuvo la brillante idea de crear un consorcio en el que participan los 78 municipios de la región para llevar a cabo una gestión coordinada. Desde su puesta en marcha, COGERSA ha venido desarrollando infinidad de políticas que nos hacen partir en situación de gran ventaja en relación a cualquier otro ayuntamiento o Comunidad Autónoma: Cierre y sellado de todos los vertederos preexistentes, colocación de más de 14.000 contenedores de basura selectiva, puesta en marcha de más de 40 puntos limpios, tratamiento de los lodos de las depuradoras de toda Asturias, reciclaje de todo el material de construcción, tratamiento de todos los materiales peligrosos, residuos quirúrgicos, cadáveres de animales, aceites usados o la producción de compost de certificación ecológica. En proyecto se encuentran una planta de generación de biogás que triplica la producción actual, una planta de clasificación de papel y plásticos o nuevas formas de producir compost, como la doméstica. Todo ello es posible gracias a acertadas decisiones basadas en la colaboración entre ayuntamientos, que han permitido una inversión constante, logrando que el coste del tratamiento por tonelada haya sido, y lo sigue siendo, el más barato de España: 17 euros, que vienen a suponer que a cada asturiano la basura le cuesta 7 euros al año. Es probable incluso que el gran trabajo llevado a cabo haya provocado que en Asturias no percibamos el problema con la misma intensidad que en otras partes de España.
Sin embargo, el problema continúa ahí. Nuestra región genera 310.000 toneladas de residuos mezclados al año y esto hace insostenible el actual modelo basado en un inmenso vertedero controlado.
Por ello, las autoridades competentes comenzaron a trazar en el año 2002 un Plan Estratégico de Residuos (PERPA) con el fin de atajar el problema. Tras 10 años de intensos trabajos se llegó a la conclusión de que la mejor solución sería la construcción de una megaincineradora. Pero la solución planteada nació caduca. Tal vez en el 2002 fuera la mejor alternativa, no en el 2012. Las fuertes inversiones en reciclaje que han llevado a cabo los países de nuestro entorno, conscientes de la potencialidad del sector, han mutado la realidad de tal manera que las soluciones planteadas en el PERPA eran ya obsoletas antes incluso de ver la luz.
No obstante, no ha sido hasta este mes de agosto que se ha optado por abandonar definitivamente la construcción del faraónico proyecto. Tres factores han sido determinantes: Los dos primeros llegaron en forma de sentencia, una de la cuales entraba incluso al fondo del asunto y establecía negro sobre blanco que el PERPA no justifica la necesidad de su construcción, ya que los datos de los que se partía para afirmar la viabilidad de la misma no son actuales y concluye por tanto que no es sostenible. El tercer factor fue el acuerdo firmado entre PSOE e IU, mediante el cual la FSA renunció a recurrir las sentencias, convirtiendo al PERPA en papel mojado, a falta del anuncio oficial que se ha producido por fin esta semana. PODEMOS mantuvo su estrategia de campos quemados.
Aquellos que nos oponíamos al Plan, incluso desde dentro del propio PSOE, nos basábamos principalmente en tres problemas:
De un lado, la propia inversión, que superaba los 314 millones de euros, de los cuales 217 estaban destinados a la incineradora. Una cantidad que, para hacerse una idea, superaría el coste del HUCA. Igualmente, el mantenimiento de las instalaciones, que subirían el precio de la tonelada tratada desde los 17 euros actuales hasta una cifra que iría desde los 83 euros que cuesta en Galicia a los 132 de Mallorca (con grandes incineradoras funcionando) y, por si fuera poco, se presume que el coste iría en aumento, debido a la retirada de las primas a las energías renovables.
El segundo problema era ambiental. Es difícil evaluar el impacto de la combustión de 310.000 toneladas de basura anuales en el ecosistema, pero a nadie se le escapa que el centro de Asturias está ya muy contaminado por la existencia de los altos hornos de acero, varias químicas, centrales térmicas, cementeras y un tráfico pesado muy intenso. En estas condiciones cualquier añadido provoca un efecto acumulativo impredecible. En todo caso, resulta obvio que la combustión de materia orgánica aumentaría los niveles de dióxido de carbono (principal causante del efecto invernadero) y que el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno se convierten en ácidos que a través de la lluvia generan efectos muy nocivos en la vegetación.
Y el tercero y fundamental, que el Plan de Residuos era contradictorio con la legislación actual. La Directiva Marco de 2009 del Consejo y del Parlamento Europeo y la Ley de Residuos de 2011 dejan claro que “antes del 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados para la reutilización y reciclado (…) deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso”.
Pues bien, la capacidad prevista de la incineradora era de 300.000 toneladas al año. Si estamos obligados a reciclar el 50% de nuestros residuos, su capacidad no se correspondería con la necesidad. Y lo que es más grave, el horno requiere material con gran poder calorífico, de lo contrario no arde. El único material que lo aportaría serían los plásticos, de manera que si cumplimos con la ley y reciclamos el 50% de los plásticos, la incineradora se quedaría sin combustible, provocando que fuera necesario añadir combustibles fósiles a la mezcla, aumentando los costes. Esto conllevaría otro problema, el de la valorización energética, definido en la ley con una fórmula matemática sencilla, que viene a decir que si el valor de la energía consumida en producir electricidad es superior al precio de la electricidad generada, no se produce valor añadido alguno, no se considera energía renovable y no se accede a ninguna ayuda pública. El caso de Mallorca es paradigmático, actualmente está importando basura de otros países para mantener el funcionamiento de su incineradora. De ahí que es altamente probable que de haberse construido, no se hubiese puesto en marcha su explotación, pues la misma sería ruinosa en cumplimiento de las leyes comunitarias.
Pero lo cierto es que el problema persiste. El actual vertedero se ha llenado y no existen soluciones milagrosas, todas conllevan un gran esfuerzo conjunto. Todavía estamos muy lejos de cumplir con la normativa actual: en papel se recicla el 19% y en envases el 12% y estos porcentajes están estancados desde hace muchos años. Y lo más grave es que no se recoge prácticamente nada de biorresiduos seleccionados, que suponen la mayor parte de nuestra basura y la de mayor potencial.
Quizás sea el momento de apostar decididamente por la reutilización y el reciclaje de todos nuestros residuos, si, de todos. COGERSA permite abordar el problema con la escala adecuada y técnicamente ya es posible. Asimismo, se puede y se debe optimizar a través de una adecuada inversión en investigación y desarrollo, para convertir a nuestra región en una potencia en el sector. Falta por tanto una apuesta decidida de los poderes públicos y del conjunto de la población por el reciclaje y para ello son necesarias campañas activas de sensibilización, al estilo de otros países europeos, que fomentan la reutilización con transferencias directas a los ciudadanos. Cierto es que esta es la solución más compleja de todas, pero es la única que hace viable nuestro medioambiente y nuestra economía, que son todo uno. En nuestras manos está.