Cataluña a todas horas


En el fondo lo han conseguido. Desde hace más de un año, no hay ni un solo día en el que no se hable del independentismo catalán. Hay que reconocer que es un triunfo de los partidos políticos que lo apoyan. Cualquier publicista consideraría que se trata de un éxito rotundo.

Aburrido ya del asunto catalán, pretendía guardar silencio, porque la mía no puede ser más que otra más de las miríadas de opiniones que se leen en la prensa, donde el tema es monográfico y reiterativo hasta el hastío. Pero qué le vamos a hacer, me pueden las ganas de comentar alguna cosa sobre el tema.

En el fondo del debate se ha plantado la peligrosa dicotomía entre legalidad y legitimidad: si la normativa existente (legalidad) no me gusta, argumentan los independentistas, tengo motivos suficientes para incumplirla (legitimidad). Esta visión antagónica de esos conceptos fue la que históricamente justificó el denominado «derecho de resistencia» que en su versión más moderada -apadrinada por la patrística cristiana- se resolvía con la llamada «resistencia pasiva» (desobedezco las normas, pero acato la sanción), y en su propuesta más radical entrañaba, por el contrario, la «resistencia activa» que llevaba a la rebelión violenta y, como sostenía buena parte de la neoescolástica española (con el padre Mariana a la cabeza), incluso al «tiranicidio».

El derecho de resistencia estuvo en la base de alguno de los alzamientos que marcaron indeleblemente la edad contemporánea y los orígenes mismos del Estado constitucional, como el caso de las Revoluciones norteamericana (1776) y francesa (1789). Ambas nacieron de un rechazo hacia lo que se percibía como la tiránica legislación procedente de Jorge III y Luis XVI, respectivamente, e invocaron la existencia de unos derechos naturales, previos y superiores a cualquier norma escrita que legitimaban la ruptura con el Antiguo Régimen.

Desde luego que las cosas son bien distintas en la España actual, en la que por fortuna disfrutamos de un régimen democrático. Los catalanes no pueden decir que no están representados: cuentan con su propio Parlamento autonómico y con partidos políticos con los que pueden defender sus posturas incluso en el Parlamento nacional. De hecho, durante la última legislatura de José María Aznar, Convergencia i Unió tuvo la sartén por el mango, ya que era el grupo con el que el Partido Popular tenía que pactar a fin de poder obtener la mayoría parlamentaria. A día de hoy, además, los catalanes más disgustados con la pertenencia a España cuentan con fuerzas políticas, como Podemos, que apoyan que se celebre un referéndum. Tienen, en definitiva, abiertas las vías democráticas y, de resultas, apelar a la desobediencia es sencillamente un acto delictivo.

A pesar de que algunos sectores más conservadores han tildado al Gobierno como tibio en su respuesta al desafío independentista, yo, por el contrario, creo que hasta ahora ha obrado con la prudencia que exigen los acontecimientos. Ha hecho lo que debía: aplicar la legalidad escrupulosamente, sin aspavientos ni teatralidad (frente a lo que hacen los nacionalistas), limitándose a recurrir toda la plétora de actos y resoluciones inconstitucionales que ha ido expidiendo el Parlamento catalán.

El PSOE, por su parte, apoya estas medidas (como es sensato) pero también propone diálogo. Y bien está la cosa, porque la democracia entraña debate. Pero hay que ser realista: con la CUP o Esquerra poco o nada se puede debatir, y con Puigdemont, su mero instrumento, tampoco. Con los que están dispuestos a infringir las normas si no se adaptan a lo que ellos quieren, ¿qué diálogo es posible? También propone el PSOE federalizar el Estado, pero el problema es que la propuesta se queda en el mero nominalismo. ¿Qué tipo de Estado federal quiere? El modelo más acendrado de federalismo (imitado, por cierto por nuestra fallida Constitución histórica de 1873) es el estadounidense. Ahora bien, ¿queremos, por ejemplo, que cada comunidad autónoma (convertida en estado) disponga de su propio Código Penal, como en Estados Unidos? Imagínense una España con diecisiete normativas penales, en las que lo que es delito en un territorio no lo es en otro, en el que las sanciones son totalmente distintas o en el que sólo una policía federal pueda actuar en todos los Estados y sólo para determinados delitos. El federalismo también debería entrañar, por ejemplo, que los jueces no lo fuesen de la federación (salvo el Tribunal Supremo) y que cada territorio tuviera sus propios jueces y tribunales, elegidos por el procedimiento que en dichos Estados se considerase más adecuado. ¿Eso es lo que quiere el PSOE? Desde luego yo, viendo el panorama, creo que no es lo más oportuno.

Por si fuera poco, parece absurdo pensar que Cataluña se conformaría con el federalismo. Si no hay una unidad sólida, el federalismo es la antesala de algo bien distinto: la confederación o, más allá, la independencia. Hasta los Estados Unidos tuvo que lidiar con esta coyuntura en la Guerra de Secesión. ¿Acaso Cataluña iba a conformarse, sobre todo cuando viese que sus mismas competencias las tenían otros territorios? La solución del denominado «federalismo asimétrico» (distintas competencias para cada Estado, privilegiando, claro está, a Cataluña y País Vasco) es, por otra parte, una contradicción en los términos, puesto que el federalismo, por su propia definición, es simétrico. No tardaría Cataluña en pedir facultades en asuntos exteriores o defensa, que siempre pertenecen a la federación, y no a sus territorios. Y entonces estaríamos a vueltas con el mismo problema que al principio: la independencia como amenaza si no se cumple con sus exigencias.

Para la CUP, ERC y sus títeres, el PDC, nunca habrá límites. Siempre querrán más, y cualquier alternativa que no les plazca siempre pasará por la misma solución: el incumplimiento. Eso sí, se han quedado solos, tanto en relación con el resto de España como en el exterior, donde nadie ha atendido a sus pretensiones de que sus actos ilegales son, sin embargo, democráticos. Porque ciertamente no lo son. Como no lo sería si decidiesen expulsar de su territorio a todos los que no hablasen catalán, por muchas urnas que pusieran en la calle.

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