Cuando la batalla alcanza el paroxismo, la razón queda en suspenso. O estás conmigo o estás contra mí. No hay terceras vías y todo intento de introducir un ápice de racionalidad no solo está condenado al fracaso: se considera traición en ambas trincheras. Porque lo sé, y no me agrada quedar aplastado entre los dos trenes sin frenos, me limitaré a glosar el reciente editorial del Financial Times sobre el asunto catalán. Recurro al periódico británico no por su supuesta neutralidad, sino porque se trata de un observador desapasionado y ajeno al conflicto.
La tesis del citado diario gira en torno a dos afirmaciones clave. La primera: «La proclamación de una Cataluña independiente carecería de legitimidad política». No tengo la menor duda al respecto. Nula legitimidad jurídica y política puede tener quien con una exigua mayoría pretende derogar la Constitución de 1978, tirar el Estatuto al cubo de la basura y crear una república soberana. Pero no nos engañemos: una cosa es la evidente ilegalidad del procés y otra muy distinta el debate sobre la legitimidad de los procesos sociales. Legítimo significa, según el diccionario, «conforme a las leyes», pero tiene asimismo otra acepción mucho más difusa: lícito o justo. Desde Cádiz hasta la guerra civil, España tuvo muchas (demasiadas) constituciones. Y ninguna de ellas nació o murió «con arreglo a la ley». Todas fueron precedidas y canceladas por rebeliones urdidas en el seno del Estado -pronunciamientos militares, componendas de salón, 69 diputados persas que se alzan contra la Pepa de 1812...- o simplemente por la voluntad popular expresada en las elecciones municipales que dieron paso a la Segunda República.
La ley tampoco es suficiente para frenar el secesionismo catalán. Bastará quizá la aplicación del artículo 155 para impedir el referendo del 1 de octubre y la proclamación unilateral de independencia. Pero este, por utilizar una metáfora de Iñaki Gabilondo, solo es un capítulo del libro que habla de la recolocación de Cataluña en España. Y el día después habrá que escribir los siguientes capítulos, con mejor letra y otra música, con mucha menos cerrazón, mayor amplitud de miras y menos invocaciones al imperio de la ley.
Dice el Financial Times que «las negociaciones por mejorar el autogobierno son el camino a seguir». No veo otro. O independencia o urnas. La secuencia del día después, tal como la veo, consta de tres fases: elecciones autonómicas, negociación que tal vez implique una reforma de la Constitución y referendo pactado y con garantías. Esa es la vía elegida por Canadá después del «susto» de 1995 y plasmada en su Ley de Claridad. Ya sé que elegir esa senda requiere generosidad y valentía. Tanta como exhibieron los ponentes de la Constitución, quienes consideraban -y Fraga, el primero- que nacionalidad y nación eran sinónimos. No zanjaron el problema catalán porque, como escribía Ortega y Gasset, «no se puede resolver, solo se puede conllevar». Pero buscaron la fórmula para conllevarlo durante cuarenta años. No es poco.