Buena parte de lo que acontece en Cataluña se ha cocido a fuego lento. Los independentistas llevan echando viandas en la olla de su soberanismo años y años sin que nada ni nadie se haya interpuesto en su camino. Ese Estado al que Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Anna Gabriel y compañía llaman represor y autoritario, les ha dejado hacer lo que les ha dado la gana mirando hacia un lado para no herir las sensibilidades nacionalistas, incluso cuando se ninguneaba la legislación española.
Y así hemos llegado hasta aquí. A un punto en el que el Estado apenas sí existía en Cataluña. Porque de facto, el nivel de autogobierno catalán para sí lo quisieran algunas naciones independientes. A pesar del «España nos roba» y otras cuestiones, Cataluña se encuentra como se encuentra fruto de la gestión de los soberanistas y del dejar hacer de los constitucionalistas.
Y resulta que, de repente, en pleno desafío, hace acto de presencia el Estado. Y muchos se rasgan las vestiduras. Aparecen la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España. No había costumbre. Semejante irrupción del Estado de derecho es tomada por los independentistas como una invasión. La Guardia Civil y la Policía Nacional están siendo consideradas poco menos que fuerzas de ocupación y las resoluciones judiciales son deslegitimadas por considerarlas dependientes del poder ejecutivo español, de donde emana una sucia política opresora.
«Le exijo -dijo Rufián a Rajoy- que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas». Fue una de las intervenciones más desabridas realizadas en la historia reciente del Congreso de los Diputados. Un insulto gravísimo al presidente del Gobierno de España, en el chulesco tono que el diputado de ERC suele emplear en cuanto se sabe observado por las cámaras y potencialmente expandido por las redes.
Y ya que habló Rufián sobre las manos de Rajoy y las instituciones catalanas, no está de más recordar que el presidente del Ejecutivo lleva consigo, hasta el último minuto que lo sea, la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Este pequeño detalle no parece tener gran importancia para ninguno de los partidos soberanistas, porque dentro de su lógica la Constitución Española no rige en Cataluña. Tampoco parece valer demasiado para la tropa de Pablo Iglesias, ni para nacionalistas vascos, ni para los gallegos del BNG o las diferentes Mareas que salpican Galicia, quienes quizá estén confundiendo el legítimo derecho de querer una España diferente gestionada por políticos diferentes, con una España débil en la que la ley no valga más que un tuit de Rufián.
Pocos quisieran estar en la piel de Rajoy, porque al margen del por qué hemos llegado hasta aquí, tiene en sus manos una bomba y una responsabilidad con su país. Sobre él recae la defensa de la soberanía de España porque así se lo exige su juramento; y el deber (del que casi nadie habla) de defender a los cientos y cientos de miles de personas que viven en Cataluña y que no tienen nada que ver con la rebelión secesionista. Y esa defensa no es fácil ejercerla solo con palabras o buenas intenciones. Para eso está la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Fiscalía, Hacienda y todos los resortes legales necesarios. Diálogo, sí. Pero la ley se cumple.