Si usted se asocia con un grupo de personas para planear la comisión de un delito, elabora luego un detallado plan para llevarlo a cabo, anuncia a los cuatro vientos que va a cometerlo y, después de que los jueces le adviertan de las consecuencias que tendría para usted consumar ese delito, acaba perpetrándolo, es absolutamente seguro que usted y sus compinches acabarán detenidos y responderán ante la justicia. Tanto si son delincuentes comunes como si son funcionarios, políticos o altos cargos. En eso consiste también la democracia, y no solo en que cuando llamen a la puerta a las seis de la mañana sea el lechero, como sostenía Winston Churchill.
Los 14 arrestados ayer por la Guardia Civil en Cataluña podrán hacer todo tipo de proclamas políticas en su descarga, pero lo que desde luego no pueden hacer es mostrarse sorprendidos por su detención. Se la han ganado a pulso. Y además, a juzgar por los diez millones de papeletas del referendo ilegal incautadas, les han pillado con las manos en la masa. Lo que quizá resulte más difícil de entender para los ciudadanos es por qué el titular de un juzgado de Barcelona ordena de oficio y sin que intervenga la fiscalía el arresto de altos cargos de la Generalitat, entre ellos el número dos de Oriol Junqueras, en lugar de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que también pudieran ser investigados y en su caso detenidos por esos mismos hechos el propio Junqueras y el presidente catalán, Carles Puigdemont, ambos aforados, que son los máximos responsables de la desobediencia a los jueces, como ellos mismos han reconocido, y por tanto de los delitos que esta conlleva. Resulta grotesco en todo caso que la reacción de Puigdemont y Junqueras sea afirmar que las detenciones suponen que «el Estado ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña», y que lo hagan en una declaración desde el Palacio de la Generalitat y rodeados de todo su Gobierno. Si el autogobierno estuviera suspendido, ¿como podrían ellos seguir hablando como presidente y vicepresidente de Cataluña?
Pero, por más que fueran esperables, no se puede ocultar que las detenciones de ayer, y la también esperada respuesta demagógica de los independentistas llamando a tomar la calle, constituyen hechos de extrema gravedad que elevarán enormemente la tensión en los próximos días. Y precisamente por ello es más necesaria que nunca la unidad sin fisuras de todos los demócratas. Episodios como el que se vivió el pasado martes en el Congreso, cuando el voto en contra del PSOE impidió que el Parlamento mostrara su respaldo mayoritario al Gobierno y a los jueces frente al golpe perpetrado en Cataluña, no pueden volver a repetirse. Restablecer el orden constitucional, que ha sido subvertido en Cataluña, no es una opción, sino una obligación para el Gobierno, la Justicia y las fuerzas policiales. Y sería de una gravísima irresponsabilidad permitir que una mayoría del poder legislativo vuelva a declararse en contra de que así se haga. Eso sí sería el fin del Estado de derecho.