Anteayer este diario abrió sus páginas con el titular: «El referendo ya no se puede celebrar». Con sobriedad profesional dio noticia del meollo de la declaración que el presidente Rajoy dirigió a todos los españoles. Era la auténtica novedad; el resto consistió en la salmodia de lo que ha venido repitiendo a los promotores del secesionismo. Expresada con la normalidad, esa sí, en que un registrador de la propiedad ejerce su función. No hubo sobreactuación de tono autoritario al pedir a los responsables de la Generalitat que abandonen sus propósitos, ni la ocasión era adecuada para recomendarles el sentidiño que utilizó aprovechando el emotivo homenaje al expresidente Fernández Albor. La rotunda afirmación de que el referendo es una quimera imposible se hace precisamente cuando se habían arrestado a altos cargos de la Generalitat e incautado gran cantidad del material imprescindible para realizarlo. Se ha reiterado con acierto que fue posible por la actuación de un juez, con motivo de unas denuncias de un particular y de un partido político extraparlamentario y de la Fiscalía.
La actuación de las citadas instituciones del Estado ha sido esencial e indiscutible para impedir el referendo, hacer impensable la declaración de independencia y dejar hibernada para la historia la ley aprobada por el Parlament de aquella manera sobre la desconexión de Cataluña. No puedo afirmarlo con la misma seguridad respecto de las medidas adoptadas por el ministro de Hacienda sobre intervención de las cuentas de la Generalitat. Es discutible su enganche con la Ley sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y tampoco parece que puedan fundarse en su remisión al ya famoso artículo 155 de la Constitución, que requeriría la aprobación por mayoría absoluta del Senado, cosa que no ha ocurrido.
Con la actuación de jueces y fiscales ha quedado en evidencia la inutilidad de haber atribuido al Tribunal Constitucional competencias más allá de sancionar con multas la inejecución de sus resoluciones como compete a todo órgano jurisdiccional y con ello la debilidad de confiar en la mera interposición de recursos ante ese tribunal parar el procés, una prolongada burla al propio Estado que los ciudadanos teníamos el derecho de no soportar. Aunque la última responsabilidad recaiga en el presidente, la iniciativa fue de la vicepresidenta, que no evita notoriedad en este importante problema político creado por los secesionistas. Se hizo por una ley, resultado de una proposición del grupo parlamentario, que evitó el dictamen del Consejo de Estado, aprobada en solitario por el PP en uso de su mayoría parlamentaria absoluta. Confirmada la patente voluntad de no ejecutar las resoluciones del tribunal habría de acudirse a la Fiscalía.
Al final serán jueces y tribunales ordinarios quienes decidan la existencia de delitos. Quizá hoy no sea suficiente con la vía penal. De momento, se ha impedido un auténtico referendo; objetivo del Gobierno cumplido.