El pasado miércoles estuve por motivos de trabajo en Madrid. Observé que todas las sedes del Gobierno de la Comunidad tenían a lo largo y ancho de sus balcones la bandera de España. Muchos ciudadanos residentes en el centro de la ciudad también colgaban de sus ventanas la rojigualda, al igual que en otros lugares de nuestro país. Cada uno es libre de actuar según quiera, pero sinceramente, la connotación política que han adquirido los símbolos que deberían ser de todos (pienso sobre todo en la bandera y en el himno) provoca que gente como yo, que no desea que Cataluña se independice de España, tampoco pueda secundar la ‘movilización’ (por llamarlo de alguna manera) de gente que se manifiesta por la unidad de este país desde una perspectiva que no defiendo en absoluto.
Hay cuestiones que creo que deberían ser aclaradas. El señor Rajoy salió pasadas las ocho de la tarde del domingo muy satisfecho porque no se había celebrado ningún referéndum. Es verdad que no contaba con las mínimas garantías, ni era legal, ni se podía celebrar atendiéndonos a la Constitución. El problema es que para algo que no se podía hacer tampoco se pudo evitar. Me refiero a que mucha gente participó y acudió a uno de los centros donde se podía votar cuando se hablaba de que iban a quedar precintados todos esos lugares. La actuación policial, tal y como pudimos ver televisión y prensa, fue bajo mi punto de vista desproporcionada, y al parecer comparten esta visión corresponsales internacionales que cubrieron el evento. La imagen que lanzó este país al exterior quedó reflejada en portadas de varios medios de comunicación muy importantes. Golpes y agresiones que han llevado al PSOE, muy acertadamente, a pedir la reprobación de Soraya Sáenz de Santamaría.
Rajoy no ha sabido llevar la situación, y Puigdemont no solo no rectificó el domingo, sino que sigue empeñado en huir hacia adelante. Se esperaba que el lunes se celebrase el pleno en el Parlament de la que podría salir la declaración unilateral de independencia, pero el Tribunal Constitucional, a petición del PSC, lo ha suspendido. Ante estos vaivenes políticos, bancos como el Sabadell y La Caixa parecen decididos a cambiar su domicilio social. Y por ahora, que sepamos, los independentistas no tienen ningún respaldo internacional para romper con España. Si nadie encuentra otra alternativa, la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de unas nuevas elecciones en Cataluña parece que será la salida que le quede a Rajoy para restablecer el orden constitucional, tal y como Felipe VI pidió en su discurso, sin pedir lo que realmente se necesita en estos tiempos revueltos, que es diálogo político.
Tenemos y debemos evitar que esta historia termine en un fracaso. Es cierto que con Rajoy y con Puigdemont poco o nada se puede hacer, pero la ocasión merece la pena para no dar todo por perdido. A por la reconciliación, la unión y la altura de miras por todas las partes.