Ya que nos han metido en una guerra, hagamos un primer balance de daños: las algaradas provocadas por la torpeza del Gobierno han dado la vuelta al mundo, aunque al mirar la radiografía a contraluz el equipo médico ha descubierto que las graves facturas eran rasguños. Irán a más, sobre todo si el lunes Puigdemont cumple su promesa, el Estado hace lo inevitable y nos precipitamos hacia una ulsterización temporal de Cataluña.
Las fracturas más dolorosas son sociales: familias rotas, pandillas deshechas, grupos de WhatsApp silenciados. Con independencia o sin ella, esas heridas tardarán una o dos generaciones en cicatrizar.
En el plano político, siniestro total. El Estado más generoso de Europa, que durante cuatro décadas ha descentralizado más que nadie, se ha dado de bruces con la deslealtad de sus instituciones autonómicas. Una bomba al centro de flotación del Estado de las autonomías, que hoy saltaría por los aires si se pusiese sobre la mesa el derecho a decidir de todo el país.
Pero el verdadero choque de trenes está por llegar y será económico. No se ha producido aún porque tenemos la suerte de estar en el euro (con la peseta no aguantábamos esta incertidumbre 48 horas). A nivel macro, la caída que ayer experimentó la Bolsa, arrastrada por las grandes empresas catalanas, solo anticipa lo que puede ocurrir. Los institutos estadísticos tardarán aún meses en recoger los daños a nivel micro: los miles de ahorradores inquietos por sus depósitos, los pequeños empresarios que temen por sus negocios (Cataluña vende más a Cantabria y Murcia que a Estados Unidos y China juntos), las familias que en toda España han abierto la alacena de la cocina y se han puesto a leer las etiquetas.
Juguemos a futurólogos. En ese tablero de ajedrez en el que imaginamos a Rajoy y Soraya decidiendo si mueven el alfil o les comen la reina, y en el que Junqueras y Puigdemont están demostrando ir varios movimientos por delante, lo siguiente que veremos podría ser una insumisión fiscal: declaración de independencia, intervención del Estado, revuelta callejera y, tal y como aparecieron las urnas que jamás iban a existir, una nueva agencia tributaria catalana sacada de la chistera.
La presión en ese caso será para el mundo empresarial. Los ciudadanos no ingresamos nuestros impuestos. Lo hacen por nosotros las empresas en las que trabajamos (IRPF), el panadero al que le compramos la barra (IVA)...
Una insumisión fiscal será el definitivo suicidio del independentismo, porque la Generalitat ha roto todas las comunicaciones con el empresariado catalán, del resto de España e incluso con las multinacionales. Recientemente, Junqueras, que siempre ha vendido que no habrá efecto negativo alguno, canceló un encuentro con el lobby de mayor solera en Cataluña, los alemanes, que sin duda no lo iban a recibir como en TV3.
Con la marejada independentista, de Quebec se fueron el primer y el cuarto banco de Canadá, la primera aseguradora, la principal teleco y el primer grupo alimentario del país. Esta guerra es sobre todo económica, «España nos roba», y no se arreglará sin soluciones económicas. Las caceroladas indepes hacen mucho ruido, pero el silencio de los grandes bancos, las grandes energéticas y el resto del Ibex catalán empieza a ser atronador.