Arruinar el capital político en tres días


El gobierno español encontró un poderosísimo aliado para frenar el independentismo: los bancos y empresas que han decidido cambiar su sede social y llevarla de Cataluña a otros lugares. El gobierno catalán no puede mostrar ninguna sorpresa: desde el mismo día del referendo está recibiendo avisos en la línea de «os estáis pasando». Y quienes llamaron a la Generalitat no eran españolistas recalcitrantes ni militantes de Ciudadanos o del PP. Eran amigos, personas que lucían sus esteladas en los balcones de sus casas. Pero tenían olfato y sabían ver en qué manos habían caído Junqueras y Puigdemont: las manos de la CUP, partido anticapitalista, antieuropeo y antisistema, y las manos de agitadores profesionales y fanáticos, sin ningún sentido de la realidad. Por esa razón el presidente catalán estaba decaído la noche en que decidió responder al Rey. Y por esa razón Junqueras aparecía desorientado en Al rojo vivo: su causa se les iba de las manos en todos los sentidos, en el control de las movilizaciones y en el control de la economía. A ese descontrol se añadían otros detalles: el discurso del Rey dividió a los partidos que componen el gobierno catalán; comenzó la movilización de la Cataluña hasta entonces callada; había gente escandalizada por el uso de los niños en las protestas y el adoctrinamiento infantil; habían ganado la simpatía de la prensa internacional, pero ningún apoyo de instituciones o países medianamente civilizados... En tres días habían arruinado el capital político ganado el domingo. Por eso tiene lógica lo que hizo el conseller de Empresa, Santi Vila, el más directamente afectado por la estampida empresarial: pedir un alto el fuego. ¿Para qué? Para reconsiderar la situación. La propuesta viene a ser: cesan las hostilidades, nadie adopta una decisión unilateral -por supuesto la declaración de independencia- y se abre un período de negociación.

Le pregunté al señor Vila qué se podría negociar, la independencia o un nuevo referendo pactado, y me respondió: «No partiríamos de ningún objetivo previo. Se trata de crear equipos negociadores y ponernos a hablar». Y algo que me sorprendió todavía más: «Nos bastaría un gesto del Gobierno para aplazar la DUI».

Es una oportunidad, según se mire. Si Mariano Rajoy tiene miedo a que el procès también se le escape de las manos, puede presentarse como el negociador que lo intentó. Si está crecido por la fuga de empresas, no le bastará un aplazamiento de la proclamación unilateral: querrá la retirada y lo que dijo a la agencia EFE: «La vuelta a la legalidad». Rajoy decide. Pero se cumple lo que dijimos hace unos días: hace falta que todo se ponga muy mal para que todo se empiece a arreglar. Y apunta maneras.

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