Vamos a decirlo de entrada: Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, no tuvo redaños para proclamar la República Catalana de forma solemne, tal y como le exigía la CUP. Pero sí los tuvo para coger los cuarenta años de autonomía y darle vuelta hasta convertir a Cataluña en su víctima, no en la beneficiada en su reconocimiento histórico. También los tuvo para convertir un referendo ilegal, el del pasado 1 de octubre, sin garantías ni credibilidad, en un mandato popular serio, riguroso e inalterable para darle a Cataluña el derecho a tener un Estado propio. Y los tuvo para imitar a Eslovenia, declarar la independencia, pedir al Parlament que la suspenda y ofrecerse para una negociación que nadie sabe en qué consistirá. Todo un encaje de bolillos para quedar bien con algunos independentistas, tratar de esquivar sus responsabilidades penales y ganar tiempo.
El resultado es penoso. El independentismo radical de la CUP le respondió que pasan a la lucha, con lo cual la independencia pasa a ser un problema de orden público y de subversión. La negociación sigue siendo una palabra vacía de contenido, porque nadie sabe qué se puede negociar cuando se declara la independencia aunque se deje en suspenso temporal. Y las llamadas que hizo a la rebaja de tensión, a la cordialidad y al respeto «a quien piensa diferente» estaban desmentidas por sus oídos sordos a quienes invocan la ley, a quienes buscan refugio económico fuera de Cataluña y a los más de tres millones de catalanes que no quisieron votar el citado 1 de octubre.
Pero hay algo más penoso todavía: Puigdemont no abrió ninguna puerta a lo que el Estado español le pedía. Y le pedía básicamente volver a la legalidad. Pero el president no dijo ni una palabra en ese sentido. Se mantiene en su fundamentalismo, por mucho que haya decepcionado a los radicales de la CUP. Solo brinda la opción de hablar de desconexión. Y sigue instalado en las mentiras del maltrato a Cataluña, en la acusación de que es España quien ha forzado el separatismo, en las patrañas de la represión y en el tópico de que el Estado español le quita 16.000 millones de euros anuales al pueblo catalán.
Conclusión provisional de la jornada: ayer fue un mal día para España. Y también para el propio Carles Puigdemont, que puede perder la mayoría si se divorcia la CUP. Y respecto a la negociación tan invocada, celebro el ingenuo entusiasmo de Ada Colau y vecinos, pero sigue en pie lo tantas veces dicho: solo se negocia dentro de la ley. ¿Está Puigdemont dispuesto a aceptar ese marco? Ayer no se le ha visto la menor intención. Y si pone en suspenso la independencia, no es porque renuncie a ella. Es que coincide con Artur Mas: Cataluña no está preparada. Donde dice que quiere negociar quiere decir que les falta un hervor.