Hace dos años, en la presentación de su libro La reforma electoral imposible, Pérez Royo consideraba que la Constitución había quedado seriamente afectada por la «enmienda ilegítima» al referendo del Estatut anulado por el Tribunal Constitucional, previa denuncia del PP. Calificó aquello como un golpe de Estado que afecta a su propia estructura y hace necesaria su redefinición mediante un nuevo pacto constituyente.
Algo semejante parece sustentar la propuesta formulada por Pedro Sánchez a Mariano Rajoy para reformar la Constitución y abrir una vía a la que puedan incorporarse todos los partidos políticos. El PSOE se ve en la necesidad de ayudar al PP a encontrar una salida a la quiebra estructural que amenaza al Estado español por la «operación secesión» del independentismo catalán y el escaso acierto de la respuesta del Gobierno.
Han sido necesarios demasiados años, crispaciones, convocatorias electorales y un enorme desgaste institucional para llegar a un mínimo punto de acuerdo por parte de los dos partidos aún mayoritarios del Parlamento español. Si en el 2011, para la reforma del artículo 135, se hubiera previsto un tiempo razonablemente mayor y una negociación más amplia con todo el legislativo, el PSOE no habría comenzado su descenso a los infiernos ni el PP había subido tan rápidamente a los cielos de la mayoría absoluta en las elecciones generales de aquel año.
La desbandada empresarial y su huida del inestable marco legal que presupondría la independencia; la falta de apoyo de la UE y organismos internacionales preocupados por el efecto contagio; la guerra interna en el seno de la coalición independentista instalada en la Generalitat; la falta de una hoja de ruta viable y creíble y, probablemente, el vértigo colectivo, apuntan a un cambio de tendencia para aflojar la soga que nos ciñe el cuello.
Buena parte de los ciudadanos de este país de países, nación de naciones, o Estado miembro de la UE, han respirado aliviados con la esperanza de que la situación pueda reconducirse. En cualquier caso, las banderas rojigualdas que cubren espaldas catalanas y no catalanas, seguirán marcando tendencia en las pasarelas de la política y de la calle por más tiempo del que sería deseable. Incluso si llega a reconducirse la ira con sus barras y estrellas incluidas, y se deja paso a la sensatez que lleva al diálogo, habrá que echar cuentas y empezar a repartirnos el pago de las deudas materiales y morales que esta jugada de tahúres nos deja en herencia.
Hagamos acopio de valor. Con el 155 o sin él, vienen tiempos de sudor y lágrimas (de lo otro, mejor no hablar).