Heridas de Cataluña


Situados, como estamos, al borde de un precipicio, los acontecimientos de la semana pasada aportaron cierta tranquilidad, pero no hay demasiados motivos para el optimismo.

El ridículo espectáculo representado el 9 de octubre en el parlamento catalán demostró lo que ya era fácil de intuir: en el govern y en la dirección de los principales partidos y organizaciones que dirigen el movimiento independentista faltan grandeza, inteligencia y coherencia. No se puede declarar la independencia de un país sin contar con el apoyo de una mayoría clara de la población, salvo que se busque por la vía de la guerra civil, destructiva y necesariamente trágica. Los independentistas dilapidaron en pocos días el capital político que, con inestimable ayuda del gobierno, habían ganado el 1 de octubre. Aislados, divididos y desmoralizados, ya no podrán presentar una declaración aprobada por el parlamento. Ante el requerimiento del gobierno, Puigdemont decidió seguir jugando al gato y al ratón. La respuesta enviada este lunes insiste en dialogar sobre esa independencia suspendida sin haber sido declarada, que se empeña en justificar con datos que solo demuestran que nunca obtuvo el apoyo de la mayoría de los catalanes.

Fue tranquilizadora la mesurada intervención de Rajoy en el Congreso. No hay gobierno que pueda permitir que determinados cargos públicos se declaren en rebeldía. La Constitución no consiente que se pueda negociar la independencia. Puigdemont y los independentistas catalanes sabían que si proclamaban la república catalana se encontrarían con el artículo 155, además de con la actuación de la fiscalía y los jueces, en caso contrario habrían sido ellos y el gobierno los que estarían violando la Constitución y las leyes. No hubo, pues, sorpresa en el anuncio, lo positivo fue que el gobierno manifestase que no desea intervenir la autonomía catalana, que solo lo haría si se viese obligado. Una intervención que solo será temporal. La autonomía de Cataluña no está en riesgo, la Constitución la garantiza y el gobierno tampoco podría violarla en ese sentido. Esa forma de plantear las cosas y que se uniese a la aceptación de la propuesta del PSOE de abrir el proceso de reforma constitucional dejan la responsabilidad de la aplicación del artículo 155 en manos de Puigdemont.

No habrá independencia, pero el problema está lejos de ser resuelto. Rajoy, como el rey en su desafortunada intervención televisiva, se olvidó de los millones de catalanes que desean la independencia y de los todavía más que quieren un referéndum sobre ella. La inhabilitación de determinados dirigentes políticos solo provocará que surjan otros, lo que probablemente no sea malo, pero no acabará con los sentimientos y deseos de un porcentaje muy elevado de los catalanes. El riesgo de movilizaciones populares que puedan provocar incidentes graves es real.

La respuesta del nacionalismo español permitió que se viese en la calles lo que ya habían indicado las elecciones: que un número significativo de catalanes no quiere la independencia y que son muchos los que se sienten españoles. Otra cosa es la retórica, las manifestaciones contra la independencia no muestran una «mayoría silenciosa», ni se acercaron al número de manifestantes de las contrarias. La calle no es el indicador más fiable de lo que realmente piensa el conjunto de la población, para saberlo habrá que recurrir a las elecciones y sería muy sorprendente que en ellas se produjese un vuelco radical. No va a ser fácil que el gobierno pueda evitar que los líderes cesados y procesados se conviertan en mártires, hará falta mucho tacto para que no sea creíble la imagen de una Cataluña “ocupada” y, aunque se consiguiese, lo más que podría suceder es que renaciese un nacionalismo moderado capaz de coaligarse con el PSC y gobernar con apoyo externo del PP y quizá acuerdos puntuales con otros partidos. Las ilusiones de Ciudadanos parecen muy alejadas de la realidad, salvo que los independentistas se inclinasen por boicotear las elecciones, con lo que la victoria de la actual oposición solo podría considerarse pírrica, o que la decepción por el comportamiento de sus dirigentes llevase a muchos a la abstención, lo que no es muy probable, saben que eso implicaría la victoria de la opción que más rechazan.

Lo más alarmante viene de atrás, pero ha llegado estos días al paroxismo: la división de la sociedad en Cataluña y en toda España, el resurgir de la catalanofobia, la radicalización de la opinión publicada y de algunos políticos de la derecha y la falta de pluralidad de los medios de comunicación, solo atenuada por alguna cadena de televisión y algunos diarios digitales. La catalanofobia es la otra cara de la hispanofobia de los nacionalistas más radicales, quizá era inevitable que ambas apareciesen entre los más exaltados, pero quienes las alimentan solo contribuyen a cerrar las vías de entendimiento. El extremismo de columnistas y tertulianos asusta porque cada vez es más numeroso y agresivo. Quienes defienden la recentralización del Estado y reivindican el bonapartismo administrativo que predominó en España durante los dos últimos siglos, no el jacobinismo, que aquí solo existió en la imaginación de la ultraderecha absolutista, tienen perfecto derecho a hacerlo, faltaría más, y se podría debatir racionalmente sobre sus propuestas, como sobre la autodeterminación. Lo que impide el debate es que se haga con el insulto y la descalificación del discrepante, que llega incluso, en este ambiente guerracivilista, a los considerados tibios.

Nunca había visto tantas palabras soeces en los periódicos. Asombra que quienes se indignan porque nacionalistas sectarios llamen injustificadamente fascistas a los que disienten de ellos no tengan a su vez empacho en tildar de nazis a los políticos y activistas catalanes, o que se pida expresamente el cierre de los medios de comunicación que disgustan y la prohibición de los partidos nacionalistas, que es tanto como abogar por el fin de la democracia. Hay quien deja entrever cierto desasosiego porque ya no se puede fusilar masivamente a los independentistas, otro evoca la Inquisición y muchos buscan el remedio de todos los males en el control de la enseñanza para inocular desde ella el nacionalismo español. Parece que se añoran los métodos de Franco, pero se olvida que no fueron muy eficaces. Cuarenta años de dictadura, de represión, de manipulación de los libros de texto, de bombardeo con la religión y la patria y cuando murió el dictador surgieron nacionalismos hasta donde no los había en 1936 y en las primeras elecciones las Cortes se llenaron de rojos.

Afortunadamente, la mayoría de los ciudadanos no comparte mis vicios y no se traga diariamente columnas y diatribas radiofónicas o televisivas. Los periódicos impresos han conseguido vender cada vez menos, entre otras cosas porque han dejado huérfana a la mitad de la población, y muchos de los que, a pesar de todo, los leen son suficientemente maduros como para distanciarse de las soflamas. Algún empresario de la comunicación debería reflexionar sobre el éxito de La Sexta. En cualquier caso, sería razonable que la opinión publicada rebajase el tono y que los medios intentasen recuperar la pluralidad en vez de despedir o presionar a los periodistas disconformes con la uniformidad.

La división de la sociedad, la radicalización, es mucho mayor entre la opinión publicada que entre los ciudadanos, pero, por desgracia, el ambiente no es favorable para encontrar soluciones políticas razonables. La reforma constitucional necesitaría un amplio acuerdo entre los partidos y entre la ciudadanía. Sería no solo inútil sino contraproducente si se sometiese a referéndum y no lograse un apoyo masivo o fuese rechazada en alguna comunidad autónoma. Lo mismo sucede con el estatuto de autonomía catalán que habría que elaborar después. Hace falta altura de miras en los políticos y sensatez y tolerancia en general. Sustituir el insulto por el razonamiento, esforzarse por tener algo de empatía hacia el que defiende tesis distintas.

La calma se recuperará si se actúa con tiento, esperemos que lo hagan quienes tienen responsabilidades de gobierno y que el conflicto se resuelva por vías democráticas. El federalismo y el reconocimiento efectivo de la diversidad cultural no van a acabar con los independentismos, pero pueden ayudar a que no sean mayoritarios y en una democracia se vence convenciendo, no imponiendo por la fuerza.

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