Cuando la ley no se puede aplicar en Cataluña


La frase «este país es ingobernable» está demostrando estos días que dice bastante la verdad. Casi todo lo que se refiere a Cataluña tiene ese componente de falta de lógica. Y cada día con más evidencia y alarma personal y social. Permítanme una brevísima descripción de hechos y posicionamientos registrados en las últimas horas para no hacer interminable el relato de esta situación.

A un jefe de la policía le imponen medidas cautelares por presunto delito de sedición y medio millar de agentes, encargados de combatir ese y otros delitos, lo reciben como un héroe. Esos agentes, entre otros 17.000, deben garantizar el orden público cuando se produzcan tumultos en Cataluña.

Un jefe de Gobierno, representante del Estado en esa Comunidad, se dispone a responder mañana a un requerimiento del Gobierno central sin aceptar la legalidad de ese Estado. Y ello se producirá con la plena complacencia de al menos la mitad de sus administrados.

Los presidentes de dos asociaciones independentistas son enviados a prisión preventiva con graves acusaciones de promover la desobediencia a decisiones judiciales, alterar el orden y buscar «fuera de la ley» la independencia de una región, y el Gobierno autonómico los califica de presos políticos, importantes líderes de opinión califican la medida de la jueza de error y un líder moderado como el socialista Miquel Iceta la considerada desproporcionada.

Todas esas actuaciones judiciales y, sobre todo, su recibimiento en importantes sectores de la sociedad están creando un falso estado de opinión que nunca habíamos visto en este país: los jueces no son independientes y sus autos y sentencias obedecen a las instrucciones de un perverso y agobiante Gobierno central, empeñado en mantener la unidad nacional. El partido político Podemos, a pesar de su vocación estatal y de su aspiración a gobernar España, es uno de los grandes creadores de ese estado de opinión.

Y, finalmente, infinidad de declaraciones políticas y frecuentes artículos periodísticos sugieren que la ley no se debe aplicar en Cataluña porque puede provocar movilización social y enfrentamiento civil. Aceptar, defender y cumplir la ley comienza a ser un ejercicio de alto riesgo. De ese riesgo no se libran el rey, ni los miembros del Gobierno ni los analistas individuales.

Con lo cual, vuelvo al principio de estas líneas: ¿está España dejando de ser gobernable por culpa del desafío secesionista catalán? ¿Se puede gobernar un país si cada decisión política es recibida como autoritaria, incluso franquista, y cada decisión judicial está condenada a la contestación y a provocar conflictos sociales? Francamente, hay muchos motivos para dudar. Y mucho pesimismo sobre cómo volver a la normalidad; a la simple normalidad de la razón.

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