El Estado, ante la peor prueba de la democracia


En la segunda carta de Puigdemont hay por lo menos cuatro imposturas. Primera, que el pueblo catalán «decidió la independencia en un referendo». Para ser verdad le falta lo sustancial: haber sido una consulta legal y con mínimas garantías.

Segunda: «Ha aumentado la represión». Esto es demagogia pura. Si dos personas están en la cárcel, no es por sus ideas, como dice la propaganda independentista. Es por su responsabilidad penal. Tercera: el president asegura que la única respuesta del Gobierno central ha sido «la suspensión de la autonomía». No, señor: se trata de restablecer la legalidad y el orden constitucional. Y cuarta: reitera una oferta-petición de diálogo, cuando el vicepresidente Junqueras la limitó a pactar la independencia y Puigdemont no estuvo en la cumbre de presidentes, no expuso sus razones en el Congreso, no dejó hablar a la oposición en el Parlamento catalán y mantiene inactiva esa Cámara, que es el mejor escenario de diálogo.

Tiene, sin embargo, un aspecto positivo: mantiene en suspenso la votación de ese Parlamento sobre la independencia, lo cual se podría interpretar como una cesión a las exigencias del Gobierno. Pero lo estropea cuando anuncia la independencia si Rajoy aplica el artículo 155. El Gobierno no se anda con chiquitas, ve un «chantaje inaceptable», y de esta forma entramos en la parte más dura del conflicto: en cuestión de horas nos podemos encontrar con la declaración de independencia y el 155, todo a un tiempo. Si el rey Felipe VI había calificado la situación como de «extrema gravedad», la calificación ya se ha quedado corta: hay argumentos para hablar de situación límite, con el único alivio de la Unión Europea, que se sitúa claramente al lado del Gobierno, y la pequeñísima esperanza de que la evolución de la economía haga reflexionar a los responsables del drama.

Independencia y 155 juntos significan confrontación, disturbios, resistencia callejera, desobediencia oficial, policía, posiblemente cárcel. El Estado va a pasar la peor prueba de toda la democracia, y no hay garantías de que gane. He dicho el Estado, porque todo esto supera las acciones del Gobierno. Están también a prueba los partidos, las organizaciones sociales y el aparato judicial. Si el Parlament proclama la república, será para no hacer el ridículo. Si Rajoy aplica la ley, será para imponerla, no para colocar un parche. Y que nadie crea que va a ser una intervención breve. Que nadie piense que Rajoy puede convocar elecciones, porque los independentistas no se presentarán. Y algo que me sale del alma: no quiero ver lo visto el día 1 de octubre: policías y guardias civiles arrinconados y expulsados por energúmenos separatistas. No lo quiero ni imaginar.

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