No se sabe bien cómo ni por qué, pero algunas tonterías se convierten muy pronto en opinión común sobre la que no cabe discusión alguna. Ha sucedido así a lo largo de la última semana, tras decidir Rajoy, con el apoyo del PSOE y C’s, que aplicaría el artículo 155 de la Constitución como único modo de restaurar en Cataluña la legalidad violada de forma tan contumaz como gravísima y de frenar el galopante deterioro de los intereses generales. Saber que el Gobierno había resuelto acudir al Senado a solicitar su preceptiva autorización para intervenir la Generalitat y generalizarse la idea de que el presidente rebelde Puigdemont podía parar la intervención disolviendo anticipadamente el Parlament fue todo uno.
Así lo repetían, al menos hasta ayer, no pocos políticos, bastantes periodistas y, por la influencia de ambos, muchos ciudadanos corrientes y molientes. ¿Qué cara creen ustedes que ante tal dislate se nos quedaba, no diré a todos, pero si al menos a una parte de los que llevamos toda nuestra vida profesional ocupándonos de problemas constitucionales? Han acertado: una completa cara de idiotas. Y es que -ustedes me permitirán- si cualquier gobierno regional situado en los supuestos del artículo 155 (incumplimiento de la Constitución o de las leyes y/o grave lesión de los intereses generales) pudiera zafarse de que se intervenga su autonomía mediante la convocatoria de elecciones anticipadas, facultad de la que disponen la mayoría de los presidentes regionales, la conclusión parece de cajón: el 155 no serviría para nada, pues cualquier gobierno en rebeldía podría evitarlo disolviendo el parlamento regional.
La trágica crisis catalana demuestra que tal interpretación sería una locura además de una soberana estupidez. La situación de abierta rebeldía del gobierno y la mayoría del Parlamento, que se ha transmitido a organismos clave como los Mossos d’Esquadra (fuerza armada de la rebelión) o los medios públicos de comunicación social (desde hace meses su principal instrumento de agitación y propaganda) exige una rigurosa intervención de las instituciones autonómicas que sería un dislate frenar porque Puigdemont decidiera, en un claro fraude de ley, convocar elecciones precisa y únicamente para que esa intervención no llegara a producirse. En Cataluña hay que restaurar la legalidad y eso exige desmontar, desde la base, todo el complejo y amplio mecanismo conspiratorio construido desde el poder público para violar las leyes y la Constitución. No hacerlo así sería un suicidio del Estado, pues le dejaría a los secesionistas todos los instrumentos que necesitan para volver a organizar dentro de nada una nueva rebelión. Y digámoslo sin tapujos: tolerarla una vez ha sido un irresponsable disparate del Estado democrático. Hacerlo dos sería un traición a la inmensa mayoría de un país que quiere vivir unido, en paz y libertad.