La postura actual del Ministerio es favorable al carbón, pero sin mineros ni cuencas. Es decir, lo que le pide el oligopolio eléctrico. Nos han mentido durante décadas por los intereses de estas empresas, y hubiese sido ingenuo creer que perderían la costumbre a estas alturas.
La semana pasada, el Ministro de Energía Álvaro Nadal aprovechó una moción sobre la postura de España ante las negociaciones del paquete de directivas europeas para el desarrollo de las renovables y la eficiencia energética para intentar cargar los complejos y pecados que pesan sobre su partido en las espaldas de Unidos Podemos. Su partido y su ministerio filtraron a los medios de comunicación una versión tergiversada, afirmando falsamente que la moción instaba a «cerrar en 2020 las centrales térmicas de carbón, antes incluso de lo que pedía Bruselas», que al día siguiente Miguel Arias Cañete, también del PP pero Comisario Europeo de Energía y Clima, se encargó de desmentirlo en sede parlamentaria. Extraigo sólo dos frases lapidarias de su comparecencia: «Me gustaría comenzar afirmando que el compromiso de la Unión Europea de avanzar hacia una economía baja en emisiones de carbono y hacia la descarbonización total en un horizonte próximo es absoluto. Es un deber y no una simple opción y, además, es un compromiso que lleva informando la política energética europea desde hace más de una década». A esa década hay que sumar el tiempo que los gobiernos bipartidistas llevaban ya trabajando en las prioridades del oligopolio eléctrico.
Porque en definitiva la política es eso, una cuestión de prioridades. Hay quienes tenemos claro que la energía es una herramienta con la que, además de lograr satisfacer necesidades vitales, se puede proporcionar el empleo y la subsistencia para nuestros pueblos. Y hay para quienes la energía es un negocio a costa incluso de lo primero, poniendo vidas en juego y portadas sobre pobreza energética en un país con un 30% de sobrecapacidad instalada, gestionada por las empresas del sector que más ganan (y nos cobran) de Europa. Son los mismos que llevan décadas mintiendo para anudar el binomio minero-eléctrico mientras impulsaron la liberalización (y, por tanto, la globalización) del mercado eléctrico y de recursos energéticos. Son ellos quienes han echado el cierre a centrales y luego toman por idiota a la gente cuando salen a defender cualquier soberanía, también la energética. Pero el mayor problema que nos dejan es que cuando las mismas eléctricas reorientan su negocio hacia otras tecnologías por evidentes razones de mercado y una revolución imparable a nivel mundial, ese nudo ata nuestras cuencas al lastre que ellas consideran que deben dejar atrás.
Y esa es la realidad. En Teruel, por ejemplo, tras el comunicado del PP al que se sumaron los regionalistas, hubo quien sospechó y contrastó. Así, los sindicalistas aragoneses no entraron al trapo y reivindicaron que, efectivamente, no se dejaban engañar, pues la amenaza de cierre (hecha por Enel/ENDESA) de Andorra y Compostilla no tiene que ver con esta moción sino con el Decreto que prometió y sigue retrasando el Gobierno del PP sobre el proceso de cierre de centrales, lo que condiciona la decisión de la eléctrica para acometer las inversiones en cumplimiento de los límites de emisión, que tampoco tienen que ver con la moción.
Quienes no nos resignamos a que estas decisiones empresariales puedan dejar atrás a nuestra gente sin alternativa de empleo de calidad, vemos cómo el nudo minero-eléctrico que se hizo políticamente va camino de ser desatado por el mercado, y que la política debería servir para hacer justa la transición que asegure la viabilidad y continuidad de nuestras cuencas, porque la gente es nuestra prioridad. Eso pasa por ser más realistas y ambiciosos en los objetivos, por crear empleo digno y de calidad más rápido allí donde donde lleva años sangrándose y por vincularlo principal pero no exclusivamente a la energía para poder conservar la identidad industrial de las cuencas con tener un futuro.
Al preguntarle, el Comisario Cañete se refirió también al periodo de transición de los pagos por capacidad para centrales existentes que se sigue negociando (700 millones de euros al año que pagamos todas y todos, y que hoy se llevan fundamentalmente los ciclos combinados y las centrales con carbón importado), para que sean medidas de urgencia y no estructurales: la Comisión no acepta ni va a aceptar ayudas de Estado como ha dejado claro siempre, no sólo con las nefastas gestiones del exministro Soria. También puso sobre la mesa los 1,7 Millones de euros que la Comisión ha destinado a proyectos de mapas de reindustrialización y capacitación en zonas vinculadas al carbón, que pronto serán más pues estamos empujando también para ello en Europa.
De quienes hoy estamos en las instituciones dependerá que consigamos convencer al Gobierno para que aproveche los fondos europeos para llevar a cabo, por fin, una transición justa que asegure empleo sostenible y de calidad antes de cualquier cierre. De quienes nos han puesto aquí es también la tarea de recordar a PP y PSOE su dejadez cortoplacista y sus mentiras para, haciendo uso de ese recuerdo, no volvamos a fiarnos de quienes han puesto a Asturias, León y Teruel, entre otros lugares, en las duras circunstancias de las que sólo saldremos si, para empezar, entendemos que sólo el pueblo salva al pueblo.