Libere a los presos, señor juez

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Se me ocurren varias razones, unas jurídicas y otras políticas, para excarcelar a Oriol Junqueras y a los exconsellers. Los delitos que cometieron son graves, pero adviértase que no están en prisión incondicional para cumplir una condena que no ha sido dictada, sino como medida cautelar, excepcional, que solo tiene por finalidad impedir que eludan la acción de la justicia o que vuelvan a delinquir. Y aquí comienzan mis discrepancias con la jueza Lamela -acatar las decisiones de los jueces no significa bendecirlas- y, aún en mayor grado, con el fiscal general del Estado, cuya independencia no se la cree ni el Congreso ni el que asó la manteca. 

Una. Las motivaciones de la prisión incondicional -riesgo de fuga, destrucción de pruebas, posible reincidencia...- son endebles e incluso peregrinas. Ni se fugaron cuando pudieron hacerlo, ni cabe imaginarse qué pruebas pueden destruir -sus acciones delictivas las vimos en directo y ya han sido despojados de sus cargos, despachos y ordenadores-, ni alcanzo a comprender cómo pueden reincidir en los mismos delitos quienes ya son ex y, por tanto, con derecho como cualquier hijo de vecino a proclamar cuantas DUI quieran desde el balcón de su casa o en la tertulia de cofrades.

Dos. Existen serias dudas de que pueda serles imputado un delito de rebelión, definido en el Código Penal como «alzamiento violento». Pero no existe duda alguna, sino más bien certeza, de que ese delito, de haberlo, no es competencia de la Audiencia Nacional: lo reconoció la propia Audiencia en un auto de diciembre de 2008, dictado para abortar la causa por la rebelión -esta sí la hubo- franquista.

Tres. Que la Justicia no es unívoca ni ciencia exacta lo demuestra el distinto proceder de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Ante idénticos indicios, la primera manda a la cárcel a los acusados y el segundo les concede nueve días para preparar su defensa. Con su decisión, además, el Supremo desautoriza implícitamente el argumento del riesgo de fuga. ¿Acaso Oriol Junqueras tiene mayor propensión a fugarse que Carmen Forcadell?

Cuatro. Fiscales y jueces deben ser independientes, pero no ciegos ni sordos. Una cosa es atenerse a la ley y soslayar las presiones de los poderes político, económico, eclesiástico o mediático, y otra muy distinta encerrarse en el búnker, ensimismarse en el Aranzadi y abstraerse de los truenos que rugen en el exterior. Fiscales y jueces no pueden desatenderse de las consecuencias de sus actos ni de los efectos de sus decisiones. Máxime cuando está en juego el propio Estado, del que ellos conforman uno de sus tres pilares fundamentales. Obviar los efectos de un auto judicial puede conducir al despropósito: se pretende castigar severamente al presunto delincuente y resulta que se le proporciona un balón de oxígeno. Es el caso.

Porque aún confío en la Justicia, estoy seguro de que el Tribunal Supremo comenzará hoy mismo a corregir el error. Y evitar así el disparate de afrontar unas elecciones con la mitad de los candidatos en la cárcel.

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