Si hablamos de finanzas autonómicas, la cuestión está clara como el agua que escasea: vascos y navarros racanean su aportación al Estado y reciben de este más que nadie. A igual esfuerzo fiscal, la financiación pública que percibe cada vasco duplica con creces la media de las quince comunidades de régimen común. Y es 2,5 veces superior a la de la Comunidad Valenciana, el farolillo rojo del ránking. Si en vez de la financiación examinamos la última balanza fiscal publicada, el resultado resulta igualmente demoledor: Madrid aporta 19.205 millones -el 9,8 % de su PIB- más de los que recibe; el País Vasco recibe 3.387 millones -5,3 % de su PIB- más de los que aporta, saldo favorable casi idéntico al de Galicia y superior al de Extremadura.
De las siete comunidades autónomas que superan la renta media por habitante, la balanza fiscal evidencia dos graves anomalías: País Vasco y Navarra, segunda y tercera en PIB per cápita, son receptoras netas. Las dos siguientes, Aragón y La Rioja, tampoco deberían quejarse: renta por encima del nivel medio, saldo fiscal positivo. Las otras tres, Madrid, Cataluña y Baleares, son contribuyentes netas. Fuera de ese racimo de ricos se encuentra la Comunidad Valenciana, la cenicienta, la única que sin alcanzar la renta media aporta más de lo que recibe.
El reparto es notoriamente injusto, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si mandasen la economía y la equidad, la corrección de esas desviaciones y la reforma del sistema de financiación autonómica no plantearía excesivos problemas. Seguiría la senda trazada por la comisión de expertos. Un sistema equitativo debe proporcionar recursos suficientes, pero, sobre todo, tiene que garantizar la igualación de los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas. A partir de ahí, si alguna quiere lujos, que se los pague con sus tributos propios.
Pero el problema, ay, es que las razones económicas no pintan gran cosa en este asunto. James Carville, el asesor de Clinton que acuñó la célebre frase «¡Es la economía, estúpido!», debería cambiarla en el actual escenario español: «¡Es la política, estúpido!». Aquí se trata de comprar estabilidad política con el dinero que, en un sistema equitativo, corresponde a las comunidades más leales, las más sumisas, las que nunca sacan los pies del tiesto ni caen en tentaciones secesionistas. Incluso conocemos los precios. Cada voto del PNV cuesta 250 millones: en total, 1.250 millones de mejora del cupo vasco, pagaderos en cinco años. La pacificación de Cataluña nos costará otro ojo de la cara: quita de su deuda con el fondo de liquidez, promesa de incentivos fiscales, mejora de su financiación.
¿Y Galicia, qué? Núñez Feijoo hace bien en quejarse, en pedir «claridad e información» sobre el cupo vasco, en advertir que la financiación autonómica premia la deslealtad. Pero me temo que no es suficiente si no se planta. Quizá tenga que declararse nacionalista y colocarse, como pretendía Cuíña, al borde de la autodeterminación. De lo contrario le auguro escaso éxito a Galicia en la reforma que viene.