Ante las más que seguras sentencias condenatorias de larga duración que recaerán sobre Puigdemont y sus exconsejeros, a Rajoy, o al que en ese momento ocupe su actual cargo, no le va a quedar otra que conceder el indulto a unos secesionistas que para entonces tendrán que, a cambio, renunciar a la vía de la independencia unilateral. El fin justifica los medios, y si se quiere que las relaciones entre el Gobierno de España y el catalán vuelvan a ser minimamente aceptables, no queda otra. Aunque me incordie que quien pretendió romper la unidad de España se salga de rositas de su intento, entiendo que la política es como es, y que a veces no queda otra que el Ejecutivo eche mano de esa Constitución que tan del hígado pone a Puchi y sus secuaces y les exonere de las responsabilidades penales a que les condenen los tribunales de Justicia.
¿Pero cómo les parecerá ese indulto a aquellos robagallinas que hace ocho años cometieron cualquier tropelía de poco pelo y hoy, ya rehabilitados y con dos o tres hijos a su cargo, tienen que ingresar en prisión ante la negativa del Gobierno de concederles dicha medida de gracia? Imagino que formarán parte de la legión de españoles que, cuando leen o escuchan que todos los españoles somos iguales ante la ley, se desternillan de risa como si el que se lo contara fuese el mismísimo Gila.