A mi juicio, el recurso de Podemos y sus confluencias al Tribunal Constitucional (TC) sobre la aplicación del 155 no es tan negativo como se está diciendo. Es más: incluso pueden tener razón. El famoso artículo solo autoriza al Gobierno a obligar a una comunidad autónoma díscola al «cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general». Nada se dice, por ejemplo, de la disolución del Parlamento regional o de la destitución del Gobierno autonómico. Deja un amplísimo territorio para la interpretación. Cualquier forma de aplicación puede ser discutida. Todo dependerá, por tanto, del criterio del tribunal. Una lectura restrictiva daría la razón a los recurrentes. Una lectura generosa avalaría al Gobierno. Y en ambos casos es la oportunidad para que el TC cree doctrina y aclare los límites de aplicación del artículo, que no debieran quedar al arbitrio del Ejecutivo de turno.
Hasta ahí, el reconocimiento a la iniciativa. El recurso de inconstitucionalidad, por mucho que en este caso moleste al Gobierno, es un derecho y este partido lo ejerce. Más dudoso es el efecto sobre la imagen de Podemos. Entre los medios que aprovechan cualquier circunstancia para deteriorar al partido y el conocimiento de las presiones ante las que cedió Pablo Iglesias, Podemos está transmitiendo la impresión de que se ha convertido en el comodín del separatismo tanto en Cataluña como en el resto del país. Ese es su punto más débil en los últimos meses. No se le ha visto ninguna aportación de respaldo a la legalidad vigente, pero sí un afán de arrimarse a fuerzas políticas que discuten la monarquía y la Constitución y, por tanto, el concepto vigente de la unidad de España.
Y eso tiene consecuencias. Las últimas encuestas dicen que ya ha perdido tantos votos que Ciudadanos le sobrepasa y que puede olvidarse de su sueño dorado del sorpasso al PSOE.
Los expertos en sociología política coinciden: Podemos pierde fuerza electoral por su política ante Cataluña. En el resto de España se le ve más próximo al soberanismo que a los partidos que defienden la unidad. Su defensa del derecho de autodeterminación es incompatible con la Constitución vigente. Los votantes de las demás comunidades no quieren un jefe de Gobierno que no garantice la integridad territorial. Ya lo advirtió Carolina Bescansa en una amonestación profética que, por cierto, no fue atendida, sino castigada por el señor Iglesias.
Ahora, con el recurso al Constitucional, Podemos quizá le haga un servicio al país, pero le pone un cristal de aumento a esa mala imagen de simpatía con separatistas. Mucha gente lo ve como su representante en Madrid. Y lo peor: lo ve contaminado por vecinos de escaño como Rufián.