No hay nada más dañino que el autoengaño. El 21 de diciembre votó el 82% del electorado, no solo el porcentaje más alto de participación en unas elecciones catalanas, sino más elevado que el de cualquiera de las elecciones generales celebradas en España tras el fin de la dictadura. Nadie podrá ya, sin caer en el ridículo, hablar de mayorías silenciosas o silenciadas. El pueblo catalán decidió y un 47,5% dio su voto a las candidaturas independentistas, solo unas décimas menos que en 2015, y el 55% a los que defienden la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Los llamados «constitucionalistas», Ciutadans, PSC y PP, obtuvieron el 43,5%. Junts per Catalunya y ERC consiguieron 66 diputados, cuatro más que Junts pel Sí, y los independentistas tienen 70, mayoría absoluta. El independentismo tuvo 2.063.361 votos, 96.853 más que hace dos años y algunos miles más de los atribuidos al sí en el referéndum del 1 de octubre. La mayoría en escaños es más clara que la de los votos debido a que la ley electoral catalana favorece a los nacionalistas por la misma razón que la española al PP: porque prima a las provincias rurales menos pobladas. En mi opinión habría que cambiar las dos, pero es una argumento que no sirve para deslegitimar solo las elecciones catalanas.
Es un éxito indudable el resultado de Ciutadans, ha conseguido ser la fuerza más votada y formará el grupo parlamentario más numeroso, además de situarse en un claro primer puesto entre los defensores del actual sistema constitucional. Lo que resulta abusivo es atribuirle la victoria electoral a una candidatura que consiguió solo el 25% de los votos y no podrá formar gobierno. Las elecciones las ganaron los partidarios de la independencia, lo que se produjo fue una recomposición de las fuerzas de cada bando, pero no un cambio significativo en la correlación entre los dos bloques.
Eso sí, los votos obtenidos por quienes desean la separación no llegan al 50%. La sociedad catalana sigue dividida y, aunque tengan la mayoría parlamentaria y sea indiscutible que la poseen también entre los votantes los partidarios del derecho a la autodeterminación, una declaración de independencia seguiría sin estar legitimada por un apoyo electoral suficiente.
Desconcertados, son muchos los que se preguntan fuera de Cataluña cómo han podido ganar las elecciones quienes se comportaron de forma a la vez irresponsable e incoherente en la crisis de este otoño. Otros, bruscamente despertados de sus ensoñaciones, buscan sin éxito a la mayoría silenciada. No creo que en ningún caso los resultados hubiesen podido variar demasiado, pero quizá hubiesen sido algo distintos si en el resto de España se hubiera hecho un esfuerzo por comprender lo que sucedía en la sociedad catalana, prescindiendo de prejuicios, y el Estado hubiera actuado con menos torpeza. Es muy probable que la mayoría de los que dieron su voto a las candidaturas encabezadas por Puigdemont y Junqueras no lo hiciesen entusiasmados por sus líderes, sino para mostrar su rechazo al trato recibido por Cataluña.
Me voy a permitir la licencia de una autocita. El pasado 26 de septiembre escribía en este periódico: «Los tribunales y la Guardia Civil impedirán que el referéndum se celebre, pero no que crezca la mayoría social que lo desea y probablemente logren también que aumente el número de independentistas. Pueden procesar y encarcelar a Puigdemont, a Junqueras, a Forcadell y a todos los actuales dirigentes catalanes, pero lo más previsible es que vuelvan a ganar las próximas elecciones y, si se convierten en mártires, con mayor porcentaje de votos y entonces ¿qué? Los nacionalistas pueden parafrasear la vieja canción de Teodorakis, versionada por Moustaki: “somos dos, somos tres, somos mil veintitrés”, o dos millones. Como bien indicaba este domingo Álvarez Junco en El País, los nacionalismos, también el español, se nutren de sentimientos, por eso la represión solo sirve para estimularlos y el debate político entre ellos no es fácil».
Me equivoqué sobre la celebración del referéndum por culpa de Rajoy, cometí el error de creer sus rotundas afirmaciones. Represión sí hubo, pero a destiempo, inútil para impedirlo y solo eficaz para acrecentar los apoyos de los independentistas. Luego llegaron las prisiones provisionales, promovidas por una fiscalía dependiente del gobierno y que, poco antes de la celebración de las elecciones, se atribuyó con descaro como propias la vicepresidenta. La mayoría de los políticos lee poca historia y tiene mala memoria. Nada es más movilizador que la solidaridad, no hay grito más efectivo que el de libertad para los presos. Si supiesen historia, se habrían acordado de 1936; si tuviesen memoria, de 1976. En cambio, se dejaron arrastrar por quienes desde la prensa más radical exhumaban versiones sesgadas de 1934, invitaban a una represión tan dura como aquella y se olvidaban de lo que sucedió dos años después.
Procesar a quienes presuntamente habían violado las leyes no exigía encarcelarlos sin juicio. Los pretextos judiciales para su prisión incondicional son muy discutibles, incluso sorprendente lo del riesgo de fuga de quienes pudieron hacerlo y se quedaron, pero, sobre todo, los que podrían reiterar el delito no son ellos, son sus organizaciones y más de dos millones de catalanes. Encarcelarlos por eso sin que hubieran sido juzgados es inútil, hay miles de militantes que pueden sustituirlos, y contraproducente. La libertad provisional no significa impunidad, ya irían a la cárcel si, después de juzgados, fuesen condenados. De la misma forma, la prisión incondicional es una medida precautoria, no una condena. Son cosas que se olvidan con demasiada frecuencia, parece que incluso por algunos
Con dirigentes nacionalistas en la cárcel, la tercera vía de Santi Vila quedaba sin recorrido y las cosas se les pusieron más difíciles al PSC y a Catalunya en Comú-Podem. Es cierto que la rápida convocatoria de elecciones con la aplicación del artículo 155 tampoco dejaba mucho margen para nuevas propuestas, aunque sirvió para evitar que se crease la imagen de una suspensión indefinida de la autonomía y una «ocupación» de Cataluña por el Estado que hubiera tenido consecuencias muy negativas.
Parece que los partidarios de someter a Cataluña con el palo son incorregibles, que se sostenga que el radicalismo de Albiol no influyó en el fiasco electoral del PP lo demuestra. Por ese camino solo se va hacia la guerra civil o hacia la dictadura. En una democracia no puede olvidarse, por mucho que pueda disgustar, lo que quiere y vota la mayoría. Igual que la mayoría no puede obviar a las minorías, sobre todo cuando la situación es casi de empate. Solo hay una vía posible y es la del diálogo político. Dentro de las leyes, pero con la perspectiva de cambiarlas para lograr un acuerdo aceptable por todos o por la inmensa mayoría. Para ello es necesario flexibilizar posturas y respetar al contrario, incluso hacer esfuerzos por comprenderlo. Hay que intentarlo.
El nuevo gobierno catalán deberá ser de coalición y el pacto entre los herederos de Convergencia y las CUP es extremadamente forzado. La vía unilateral se ha mostrado como un camino cerrado. Los contrarios a la independencia han comprobado la fuerza de los rivales. Todos tienen motivos para buscar el entendimiento.