La historia comienza el 24 de febrero del 2005. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó aquel día su célebre invectiva, dirigida a las bancadas de Convergència: «Ustedes tienen un problema que se llama 3 %». Dio en la diana, vista la airada reacción de Artur Mas, jefe de la oposición: «Usted ha perdido los papeles [...], ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas». Pero Maragall lanzó la piedra y escondió la mano. Replegó velas porque necesitaba el concurso del nacionalismo catalán para sacar adelante su reforma estatutaria. El Estatut de la discordia: el texto que Zapatero bendijo antes de conocerlo y el PP combatió irresponsablemente después de ser «cepillado» por Alfonso Guerra y refrendado por el pueblo catalán.
Trece años después, dilatado plazo vinculado a la parsimonia de la Justicia, la Audiencia de Barcelona condena a Convergència por cobrar mordidas por la obra adjudicada. No del 3 % que apuntaba Maragall, sino del 4 %, seguramente por aquello de la inflación. Incluso queda claro el reparto del botín, al menos en el caso del Palau: de cada mil euros robados, 625 para las arcas del partido, 375 para los bolsillos de Fèlix Millet y Jordi Montull. A eso se llama corrupción institucional. La sentencia del Palau -pendientes aún los casos Petrum y Pujol Ferrusola- viene a probar que el partido de Pujol, Mas y Puigdemont se alimentaba en las letrinas. Y cuestiona la legitimidad no solo del omnímodo poder de que gozó, sino también, pese a la capa de pintura de los sucesivos cambios de nombre, de la degeneración independentista.
De la sentencia se extraen varias lecciones. La primera, dirigida a esos dos millones de catalanes todavía instalados en el «Espanya ens roba». No era España la que robaba al pueblo catalán, sino esa panda de dirigentes a quienes los ciudadanos de Cataluña encargaron de la administración de sus asuntos. La segunda lección certifica que la corrupción une a los nacionalismos catalán y español. La ciénaga se extiende de forma homogénea por todos los territorios. No hay singularidades nacionales en esta materia: el caso Palau equivale al Gürtel del nacionalismo catalán. Si la corrupción «es endémica en España», como pretende el hispanista Ian Gibson, quien se remonta a la obra de Quevedo para demostrarlo, catalanes y españoles compartimos ese desgraciado gen.
La última lección está indicada para partidos políticos. Esquerra Republicana y Podemos-Catalunya en Comú, singularmente, deberían mirarse en el espejo y revaluar sus amistades peligrosas. Está bien que se escandalicen cínicamente, como el capitán Renault de Casablanca -«¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega!»-, pero estaría mejor que extrajeran conclusiones. Aléjese Esquerra de las formaciones corruptas, para seguir jactándose de partido sin mácula. Y deje Podemos, para quien la corrupción del PP bien merecía una moción de censura, de flirtear con los perceptores del 4 %. Y así podremos, desde la discrepancia política, hablar todos el mismo lenguaje ético.