Justo cuando tiene tanto éxito hablar de «la pornografía de la transparencia», el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo en el Senado un ejercicio que ignoro si fue de transparencia o de pornografía política: con la sinceridad y la honestidad que se le supone, confesó lo que nos costó el despliegue policial en Cataluña con motivo del referendo ilegal del 1 de octubre y en previsión de los acontecimientos que se iban a producir después. Ese coste ha sido de 87 millones de euros, respetable cantidad incluso cuando las cuentas del país parecen saneadas. ¿Alta, baja, exagerada, prudente? No tengo conocimientos técnicos de los movimientos policiales para valorarlos desde el punto de vista económico. Un gasto es correcto cuando sus resultados son buenos. Un gasto es criticable si esos resultados no lo justifican. ¿Y cuáles han sido los resultados de de esa operación en Cataluña? Por hacer un ejercicio de prudencia, digamos que han sido manifiestamente mejorables. No fue la mejor imagen para las Fuerzas de Seguridad comprobar que, siendo la Policía del Estado, no había para ellos un alojamiento digno en una de sus comunidades autónomas. Albergar a los agentes en barcos contratados casi como tiendas de campaña producía la sensación de que eran, efectivamente, fuerzas extranjeras no integradas ni bien recibidas por la población civil. Si no hubo la precaución de cuidar la estética de esos barcos, nos encontramos con la vera efigie de Piolín en uno de ellos, lo cual no era la estampa más seria para una acción de Estado. El bochorno llevó a intentar tapar con lonas el Piolín marinero, pero casi fue peor el remedio que la enfermedad.
Después hubo la actuación policial en cumplimiento de las órdenes recibidas. Fue lamentable ver algunas retiradas en medio del alboroto sedicioso: una imagen demasiado humillante para las instituciones más queridas del país. Hemos visto escraches ante los que ni policías ni guardias civiles se podían defender. Nadie tuvo la previsión mínima de no dejar los coches de la Guardia Civil sin vigilancia y en medio del tumulto mientras se registraba la Consejería de Economía y esos coches fueron destrozados. La presencia policial sirvió para reavivar los gritos de «fora les forces d’ocupació». Y la actuación en algunos colegios electorales sirvió a los independentistas para demostrar al mundo que en España existe, efectivamente, un Estado represor. Ha sido un regalo de incalculable valor para que los sediciosos montasen un apabullante aparato de denigración del Estado y de negación de la democracia española. Desde esta perspectiva, ha sido un carísimo despliegue. Con una salvedad: nunca sabremos qué habría pasado si el despliegue no se llega a montar.