En el laberinto de incertidumbre jurídica, caos reglamentario, enfrentamiento social e inestabilidad política y económica en el que sigue inmersa Cataluña, hay una sola cosa cierta. Si el independentismo está en disposición de mantener su desafío al Estado de derecho y su constante amenaza de violar la Constitución para imponer unilateralmente la ruptura con España, es gracias a Catalunya en Comú, el partido en el que se integra Podemos. Si el Parlamento catalán sigue hoy en manos del secesionismo sectario y excluyente es porque así lo han querido Pablo Iglesias y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ambos tuvieron en sus manos el pasado miércoles el haber puesto fin a este prolongado esperpento que amenaza con hundir la economía de Cataluña y lastrar gravemente la de toda España.
Habría bastado que los comunes sumaran sus votos a los de los partidos que defienden la ley para que la cámara autonómica estuviera controlada por fuerzas comprometidas con la Constitución y el Estatuto catalán. Si, con independencia de las legítimas discrepancias políticas e ideológicas, los de Colau e Iglesias hubieran votado a favor del candidato de Ciudadanos, José María Espejo, se habría producido un empate a 65 votos con el aspirante separatista, Roger Torrent, que, de mantenerse en cuatro votaciones sucesivas, habría otorgado automáticamente la presidencia de la Cámara catalana al candidato del partido con mayor número de escaños. Es decir, al de Ciudadanos.
Con una presidencia del Parlamento en manos de la Constitución y el Estatuto, el procés habría encallado definitivamente y Puigdemont estaría políticamente muerto y enterrado, porque no habría ya ninguna posibilidad de que siguiera burlándose de la ley planteando una grotesca sesión de investidura por Skype, dado que es al presidente de la Cámara a quien corresponde convocar la sesión de investidura y a la Mesa organizar su formato. No habría ya, por tanto, duda alguna de que si Puigdemont quiere ser presidente de la Generalitat tendría que regresar a España y asumir las consecuencias penales de los presuntos delitos que ha cometido. El voto de los comunes a favor de una presidencia del Parlamento comprometida con la ley no habría supuesto en absoluto «adulterar las mayorías», como cínicamente sostienen, porque nada impedía que Catalunya en Comú hubiera favorecido luego con su abstención o su voto a favor la investidura de un presidente de la Generalitat independentista, siempre que apostara por las vías democráticas.
Iglesias y Colau se quitan así definitivamente la careta. Antes que favorecer la estabilidad y la vuelta a la normalidad democrática, han preferido dar oxígeno a un Puigdemont en estado terminal y mantener vivo un procés venenoso para la economía española y la convivencia en Cataluña. Los que apuesten porque cuanto peor para España, mejor, ya pueden agradecérselo. Quienes propugnen la vuelta a la normalidad democrática, la paz social y la recuperación económica, ya saben a quién no votar en las próximas elecciones.