Después de cinco largos años en los que se ha limitado a ir respondiendo, con mayor o menor fortuna, a cada una de las ocurrencias y flagrantes violaciones a la Constitución perpetradas por el golpismo independentista, y cuando estamos ya a menos de una semana de que se pueda consumar la astracanada final que dejaría a Cataluña y al resto de España en el más absoluto ridículo internacional, al Gobierno le han entrado las prisas. Parece haber comprendido que la estrategia seguida hasta ahora era equivocada. Y que, en lugar de haber cedido siempre la iniciativa a un conglomerado que dedica las 24 horas del día a urdir trampas y celadas, lo que habría que haber hecho es impedir que se haya llegado hasta aquí.
No hace falta estrujarse la mollera para comprender que designar como candidato a la presidencia de una institución del Estado español, como es la Generalitat, a un presunto delincuente fugado de la Justicia es un despropósito que carece de la más elemental lógica democrática y hasta del mínimo sentido común. Pero el Consejo de Estado le ha venido a decir al Ejecutivo que haberlo impedido antes. Que la cosa es absurda, pero no cabe recurrirla en este momento, porque si Carles Puigdemont regresara a España sí podría ser investido, aunque fuera detenido. Un fiasco producto de la improvisación que solo ha servido para alimentar el victimismo independentista. Cosa distinta es que un presunto delincuente como Puigdemont, acusado de delitos que pueden comportar 30 años de cárcel, pretenda hacerse investir por Skype y gobernar luego por WhatsApp, desde la habitación de un hotel de Bruselas, una autonomía que tiene más habitantes que Dinamarca. Ahí entraríamos ya directamente en el terreno de la locura paranoide, porque malamente podría dictar leyes y obligar a cumplirlas quien huye de la Justicia. Y también aquí le llegan las prisas de última hora a un Gobierno que hasta ayer mismo parecía dispuesto a permitir que semejante disparate se consumara para recurrir luego la investidura al Constitucional con la pretensión de que la anulara. Pero alguien ha convencido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, máxima responsable de esa mansa política que ha mantenido el Ejecutivo frente al perpetuo desplante independentista, de que para la imagen de España es mejor tratar de impedir la majadería, aún a riesgo de salir trasquilado, que permitir una investidura y luego impugnarla en un tribunal.
Así llegamos a la decisión desesperada tratar de forzar al Constitucional a pronunciarse antes, y no después, sobre la legalidad de una investidura telemática. Y ahí ya solo cabe cruzar los dedos, porque si el Constitucional avalara contra toda lógica ese esperpento de la teledemocracia, estaríamos perdidos. El Gobierno cumple su deber agotando todas las vías para impedir una investidura que generaría un grave conflicto. Pero también aquí debió actuar antes contra quienes se burlan de la ley, y no dar la sensación de improvisar en el último minuto.