Nadie se atreve a tocar la ley electoral


Desde que la democracia es democracia en España y aún mucho antes se viene hablando de reformas electorales que jamás se llevan a cabo. Eso no se toca. Todos los partidos que no gobiernan pero sueñan con ganar escaños que moralmente les pertenecen, es decir, hasta ahora todos menos PP, PSOE y los nacionalistas, plantean en algún momento y a menudo en todo momento -en esto IU es el decano de la reivindicación-  cambios que les den las llaves del Congreso, de una comunidad autónoma o al menos de un ayuntamiento o de la comunidad de vecinos, lo que sea. Naturalmente, los que gobiernan o aspiran a ello en serio se oponen porque así les va de cine: llevan 40 años con la sartén por el mango, para qué cambiar. Excepto UCD, que se quemó con el mango y luego implotó a mayor conveniencia de los otros.

Los padres de la Constitución y sus hijos diseñaron el sistema como una pirámide egipcia, con una triple trampa: la ley D’hondt, las circunscripciones y las listas cerradas. La primera beneficia al partido más votado, la segunda también y de paso favorece descaradamente a los nacionalistas-bisagra y la tercera conviene a todos los partidos porque les da el poder absoluto sobre quién sale en la foto (y quién no, si se mueve, como decía Alfonso Guerra). Hasta el momento, más o menos lo que todo el mundo sabe o debería saber. No eran ni mucho menos tontos: la intención era conseguir una cámara estable y asegurar un gobierno mayoritario en una época de muchas y peligrosas incertidumbres. Eso es el pasado, misión cumplida.

Y he aquí que Podemos y Ciudadanos, que no se daban ni los buenos días, se sientan por primera vez para hablar y el tema no es por el interés de los votantes, sino por el suyo propio: retoque electoral para arañar unos escaños. El cambio propuesto es cosmético y por tanto decepcionante: quieren sustituir la ley D’hondt por otra de nombre impronunciable que regale menos al ganador, y ya está. Reforma interruptus. No se atreven con el verdadero mondongo del asunto: una reforma constitucional que acabe de una vez por todas con el lamentable sistema de circunscripciones que nos ha llevado hasta donde estamos: el enorme poder de chiringuitos regionalistas que chantajean al gobierno de la mayoría, consiguen jugosas ventajas y con ellas adoctrinan y alimentan aún más el nacionalismo. Porque el Congreso es, que nadie lo dude, una cámara de representación territorial en el papel de lo que debería ser el Senado, y donde campa la desigualdad, además. Y el Senado no es sino un carísimo juguete con piscina climatizada que a nadie entretiene ni sirve salvo a los propios senadores.

La única forma de acabar legalmente, cabalmente, y de una vez por todas con la matraca de los nacionalismos excluyentes, egoístas, insolidarios, antieuropeos y retrógrados no es el artículo 155. El remedio es un cambio constitucional que dé a cada partido lo que se merece según su número de votos, aunque siga primando al primero sobre los demás. Porque han pasado cuatro décadas y España no es la misma ni de lejos, salvo en su legislación electoral. Hemos cambiado de siglo y de milenio. Sin embargo, seguimos soportando leyes de cuando la batalla de Verdún.

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