Las grandes decisiones políticas se pueden presentar bien, regular o fatal. La decisión del Gobierno Rajoy de meter la mano en el idioma vehicular de la enseñanza en Cataluña se hizo fatal. Se dejó caer sobre la opinión pública con un absoluto déficit de explicación y, para agravarlo más, con la duda del propio Gobierno de si se puede adoptar tal medida dentro del marco del 155. Esa duda fue expresada el jueves por el secretario de Estado Marcial Marín y ayer por el propio ministro Méndez de Vigo. La pregunta que suscitan ambos es elemental: ¿por qué se meten en un desafío de tal magnitud si no saben si lo pueden hacer?
No es extraño que ante esa incertidumbre hayan surgido interpretaciones que distan mucho del rigor jurídico y político que habría que exigir a una medida de ese calado. Algunos hemos llegado a sospechar que se trataba de una réplica a Ciudadanos, que acababa de defender que no se exija el dominio del catalán, el gallego y el euskera para acceder a un puesto de trabajo o a un cargo público. Después del resultado de las elecciones catalanas, se ha abierto una encarnizada lucha entre Rajoy y Rivera por el puesto número uno en el podio del españolismo.
Otros han interpretado que se trataba de una presión sobre los independentistas para que aceleren la formación de Gobierno. Algo así como «si no lo hacéis, cortaremos todavía más el autogobierno y restringiremos la inmersión lingüística». La tesis resultó tan creíble que encontró hueco en los medios y en la clase política catalana: el diputado Joan Tardá soltó de inmediato una frase de pancarta de manifestación: «Govern, ya».
Y un tercer grupo de opinión entendió que, metido en la Generalitat, Rajoy se disponía a hacer lo que siempre quiso y nunca consiguió, bien porque no pudo lograrlo con la LOMCE o porque la Generalitat se pasó por el forro las sentencias de los tribunales. Dicho en palabras de José Ignacio Wert, esta podría ser la oportunidad de «españolizar a los niños catalanes».
Pasada la especulación sobre intenciones, la decisión del Gobierno es valiente, correcta, llena de riesgos y de incierto futuro. Méndez de Vigo dijo que «este Gobierno cree en la libertad», pero tendría que decir algo más: que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la igualdad y no hay por qué marginar a quien desea formarse en castellano; que el idioma oficial del Estado forma parte de la unidad nacional; que su exclusión es un arma del independentismo y que, si la ley se incumple, el 155 se decretó para hacerla cumplir. El riesgo está en que excita las pasiones políticas. Y lo incierto del futuro, que la vigencia del 155 es temporal. No creo que valga la pena una medida así para que la anulen después.