Está dentro del margen de maniobra de todo responsable político definir la estrategia para abordar, si tiene interés y visión para ello, las cuestiones de alcance, que exceden de la inmediatez que parece invadirlo todo. Posiblemente donde se identifica la habilidad y la capacidad de gestión (escasa en tiempos de endémica estrechez en casi todo) sea en el acierto a la hora de entender el momento político, las opciones en juego y las posibilidades reales (administrativas, presupuestarias, etc.) de llevar a término un proyecto de envergadura. La alternativa cero (por utilizar la jerga de la evaluación ambiental) a veces es resultado no de una conclusión meditada, sino simplemente de una neutralización de los esfuerzos que conduce a la inacción, de un debate contradictorio sin fin o de la insuficiente voluntad para tomar decisiones.
En el caso de la ordenación del Área Central, cuestión que ha ocupado durante años análisis y discusiones (hasta el momento con resultados limitados), la decisión del Gobierno del Principado de Asturias de cambiar de estrategia y otorgar protagonismo en la gestación del proyecto a los propios ayuntamientos, parece que ha prendido con cierto éxito. Está por ver que este proceso incipiente arroje frutos concretos, pero por lo menos tiene la virtud de poner el asunto en la agenda regional de una manera positiva, con nuevos y mejores aires. Con un planteamiento gradual, abierto y una invocación colectiva al consenso, nadie quiere dejar de participar en esta suma de voluntades, no vaya a ser que el resultado sea, esta vez, relevante. El requiebro ha roto los esquemas a aquellos empeñados en generar una situación de bloqueo que arrumbase a los márgenes la cuestión durante al menos otra década. Aparcando, al menos por el momento, la creación de un Consorcio, se libera cierta (llamémosla así) presión institucional, y se despeja el camino para ir avanzando en las materias, de forma modesta, dando una oportunidad a otras alternativas más sencillas -quizás no las deseadas- pero que permiten comenzar a proyectar una imagen constructiva que se sustraiga del ruido reinante.
Ahora bien, pese a ser ampliamente compartida la idea de que la realidad funcional que es el Área Central necesita políticas metropolitanas efectivas (en movilidad, ordenación territorial y urbanismo, equipamientos singulares e incluso promoción turística y programación cultural), y aunque las vibraciones que llegan de las reuniones de representantes de las Administraciones (incluso la estatal) empiezan a ser buenas (constitución de un Consejo informal incluida), está por ver en qué medida hay la suficiente tenacidad y consistencia para que todo esto cuaje, a la larga. Sobre todo porque llegará un momento ?y cuando antes suceda, mejor síntoma de la consecución de avances- en el que haya que dar pasos sustanciales que condicionarán determinadas competencias críticas para los municipios, y será la hora de tomar decisiones que no agradarán a todos. Pero, la experiencia nos dice que, por ejemplo, algunas de las decisiones más acertadas en materia de ordenación del territorio en Asturias se han adoptado sabiendo que era imposible contentar a todos, contando con ciertas resistencias locales y ejerciendo, al fin y al cabo, competencias que para eso residen en la Comunidad Autónoma, aunque previamente a la decisión final exista un fuerte diálogo con los municipios. Ahora son casi todo parabienes, pero no fue pacífica precisamente la definición y aprobación del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (2005), cuyo éxito ha dado pie a un ejercicio más amplio de tales competencias en la materia, con el Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas. Y, aunque el contexto económico y sus crisis (con la paralización de proyectos o con la evidencia de la saturación comercial) hicieron una buena parte del trabajo, también son ejemplos positivos de ese ejercicio efectivo de competencias autonómicas, a caballo entre la ordenación del territorio y la intervención en el mercado, las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial (2005) o las Directrices Sectoriales para el Aprovechamiento de la Energía Eólica (2008), donde también hubo resistencias notables y, en algunos casos, invocaciones airadas a las competencias municipales.
En el caso del Área Central, sea la que sea la arquitectura institucional (el gato negro o blanco de Deng), ésta deberá ser funcional y no necesariamente tendrá que pasar por un Consorcio ni por un Área Metropolitana de las previstas en la legislación de bases del régimen local. Pero, en un determinado punt,o se constará que para hacer la tortilla habrá que romper algunos huevos. No sería buena idea, por lo tanto, aparcar indefinidamente las Directrices Subregionales de Ordenación del Área Central por las que se comenzó este proceso (documento de avance de marzo de 2016). Con el mayor diálogo posible con los ayuntamientos, parece razonable que el desarrollo urbanístico de los municipios del Área Central y determinadas decisiones que afectan a comunicaciones, dotaciones públicas, etc. se vean razonablemente condicionados al interés superior metropolitano, que es también el de toda la región. El ritmo, las alianzas a tejer, el consenso básico a forjar y el mensaje a proyectar para que la fuerza motriz de este proceso no decaiga, son ya cuestiones (nada fáciles) a la discreción y destreza de los encargados de que este proyecto, esencial para el futuro de Asturias, tome cuerpo más allá de las refrescantes buenas palabras.