Los independentistas llevan semanas negociando quién va a ser el presidente de la Generalitat. No lo serán Puigdemont ni Jordi Sànchez. Turull podría, pero apenas unos meses, antes de ser inhabilitado. Como es obvio, se trata únicamente de mantener la estrategia de la tensión con el Estado. En ningún caso de gobernar para los catalanes. Eso hace ya tiempo que les trae al pairo. Pero, además de poner nombre y cara al candidato, que en todo caso tendrá que lidiar con la alargada sombra del Napoleón de Waterloo, ¿de qué hablan en esas conversaciones subterráneas que mantienen Junts per Catalunya y ERC? ¿Acaso de las pensiones, de la sanidad y la educación públicas, de la dependencia, de cómo tratar de conseguir que vuelvan las empresas que se han ido? ¿De recomponer los puentes rotos y reducir la fractura social que ha provocado un procés construido contra más de la mitad de los catalanes? ¿De un programa de gobierno, en suma? En absoluto. Pelean a muerte por el control de TV3, la presunta televisión pública catalana, convertida en un instrumento de agitación y propaganda al servicio de las tesis secesionistas, en la que se utiliza a los discrepantes, siempre en clara minoría, como tontos útiles para legitimar la manipulación. En el lote a subastar entran también Catalunya Ràdio y la Agència Catalana de Noticies y el reparto de la publicidad y las subvenciones a los medios privados. Eso es realmente lo que les interesa, porque saben que TV3 y los demás medios, no solo públicos sino también algunos privados, son un pilar fundamental para mantener vivo el pulso al Estado, a través de una televisión que, con una buena factura técnica, traslada de forma abierta o sibilina las consignas separatistas y el rechazo a todo lo español.