España tiene un problema con las pensiones. Un problema que, unido a una gravísima crisis demográfica, amenaza la viabilidad del sistema y pone en riesgo la futura estabilidad económica del país. Esto es algo que saben todos los partidos. La gravedad de la situación debería bastar para que excluyeran este debate de la refriega política y, al margen del juego de mayorías, se comprometieran a alcanzar un pacto que, más allá de elevar las pensiones de hoy, garantizara el cobro de las de mañana. Pero lo que vimos ayer en el Congreso no pudo estar más lejos de lo que España necesita.
Mariano Rajoy eludió el problema de fondo y, tratando de hacer de la necesidad virtud, convirtió la aprobación de los presupuestos del 2018, para los que no dispone de mayoría, en un pacto de Estado imprescindible para una subida puntual de las pensiones más bajas. Un truco de veterano parlamentario con el que intenta trasladar hacia la oposición la presión de la calle en contra del Gobierno. Asegurar, como hizo Rajoy, que no hay motivo alguno para el desasosiego sobre las pensiones es ocultar la verdad a los españoles.
Pero si Rajoy estuvo escurridizo y autocomplaciente, enfrente tuvo una oposición que bordeó la demagogia y se centró en la crítica ideológica, sin plantear propuestas o pacto alguno sobre el futuro de las pensiones, limitándose a exigir una subida generalizada de todas ellas sin explicar cómo financiar su impacto presupuestario, con la esperanza de que la gran manifestación convocada para este sábado ponga contra las cuerdas al Gobierno. El PSOE alimenta así irresponsablemente un fuego que, si no se abordan las reformas necesarias, le tocará apagar en caso de que llegue a gobernar. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, hizo lo de siempre: defender el Estado del bienestar, pero proponer un aumento enorme del gasto público que lo pondría en peligro. Y Albert Rivera estuvo en su línea, nadando siempre a favor de corriente y lanzando guiños a la oposición para hacerse perdonar su apoyo a Rajoy incluso cuando, como ayer, está de acuerdo con él.
El resultado es que, pese a las expectativas del debate, no solo no se avanzó lo más mínimo en solucionar el problema de las pensiones y mejorar las prestaciones actuales, sino que el Pacto de Toledo está más roto que nunca. La verdadera medida de la irresponsabilidad con la que se está afrontando este problema es que la mejora de las pensiones más bajas que ayer planteó Rajoy acaba dependiendo de que los independentistas catalanes presenten un candidato viable a la investidura, porque el PNV, socio imprescindible para que el PP, Ciudadanos y los dos diputados nacionalistas canarios alcancen la mayoría necesaria, no apoyará los Presupuestos mientras en Cataluña permanezca vigente el artículo 155. Es decir, cada loco con su tema. Que la aprobación de las cuentas públicas del Estado y el futuro de los pensionistas españoles puedan acabar dependiendo de la voluntad de Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, ya nos indica que algo estamos haciendo muy mal entre todos.