Desgraciadamente, la utilización con fines políticos de las víctimas del terrorismo ha sido una constante en España. Las de ETA lo fueron de forma torticera y aviesa. Aún se recuerda el día en que Rajoy acusó a Zapatero desde la tribuna del Congreso de traicionar a los muertos y las manifestaciones en contra de su política antiterrorista mientras la banda asesinaba. Así sucedió también en los días posteriores al 11-M. Todos recordamos cómo el Gobierno intentó endosárselos a ETA cuando ya las evidencias apuntaban claramente a la autoría yihadista y cómo el PSOE aprovechó esa manipulación para sacar partido. Enseguida se pusieron en circulación las teorías de la conspiración que fueron respaldadas por algunos políticos irresponsables. Más recientemente pasó algo similar tras los atentados de Barcelona y Cambrils, que devinieron en una batalla política sobre quién falló más y quién pudo evitarlos. Ahora asistimos a otro fenómeno de la misma naturaleza, la utilización de los asesinatos de niños, que causan especial conmoción en la opinión pública, multiplicada exponencialmente por la cobertura absolutamente desproporcionada de las televisiones en su carrera inmoral por la audiencia, que aviva la sed de venganza. Los padres que han sufrido estas tragedias merecen apoyo y están en su derecho de defender lo que crean conveniente, pero es obvio que en las democracias legislan los representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. El PP y Ciudadanos se equivocan gravemente al utilizar su dolor en favor de la prisión permanente revisable, como hicieron en el Congreso en una sesión en la que ningún grupo estuvo a la altura. Este es un debate que requiere sosiego y argumentos técnicos y no vísceras y decisiones en caliente.