Es más peligrosa la censura que la injuria


«La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden ser determinados por la Ley». Así intentaba definir y proteger la libertad el artículo 4 de la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789. La definición parece sencilla, pero el límite que supone el perjuicio a los demás no lo es tanto.

Los seres humanos somos tan numerosos como diferentes. En EEUU, el primer régimen constitucional de la historia y también la primera democracia, la sensibilidad de los blancos les provocaba, en pleno siglo XX, una grave incomodidad si se enteraban de que se casaban o convivían dos personas de diferente color de piel, o solo por imaginarse que se encontrarían con los que la tenían más oscura en la escuela o en la universidad, que podrían sentarse a su lado en el autobús o incluso tropezar con ellos en los urinarios públicos. Como controlaban ayuntamientos, parlamentos y tribunales de justicia, limitaron todas esas y alguna más de las libertades de la población de color para rozarse lo menos posible con ella. La enmienda número XIV de la Constitución, adoptada en 1868, garantizaba la igualdad de todos los ciudadanos, pero tribunales supremos integrados solo por blancos la interpretaron durante más de 90 años en sentido restrictivo. Supongo que pocos dudarán ahora que el daño producido por las prohibiciones que sufrieron la población afroamericana y otras minorías era muy superior al que podría padecer la estabilidad emocional de los blancos racistas de no existir la segregación. Cuando está cercano el 8 de marzo, no viene mal recordar que la hipersensibilidad masculina ante la libertad de las mujeres las privó de derechos civiles y políticos a pesar de la aprobación declaraciones como la que antes citaba.

El problema es complejo, no voy a decir que para cuarenta millones de españoles, por poner el caso más próximo, haya un número igual de sensibilidades radicalmente distintas pero, si hiciésemos caso a todos los que tienden a sentirse agraviados con suma facilidad, casi todo estaría prohibido.

Puede no ser verdad que en España haya presos políticos, pero nadie debe ser censurado por opinar que sí los hay, aunque solo sea por si acaso fuera cierto. Desde luego, en la obra retirada de Arco no solo aparecían políticos presos, pienso, por ejemplo, en los pobres titiriteros madrileños, víctimas de la alarma social fabricada por la caverna política y mediática y de una ley extremadamente peligrosa. El mejor argumento para quienes defienden que España no es una democracia plena fue retirarla.

Otros que parecen sufrir una epidemia de hipersensibilidad son los miembros de las fuerzas policiales. Convertidos en juez y parte por una ley muy propia de los herederos políticos de Fraga Iribarne, ponen multas a discreción sin que los sancionados tengan posibilidad real de defenderse y parece que por agravios tan notorios como que un manifestante los trate de colegas. Ponerlos en esas condiciones a rastrear las redes sociales, incluso páginas de Facebook o grupos de Twitter que, por su carácter limitado, casi podrían considerarse privados, es peligrosísimo, todos los días podemos comprobarlo. Es más, nuestro fraguiano gobierno debería ser consciente de que los policías bajo su mando se comportan realmente como malvados antisistema, la inmensa mayoría de los ciudadanos nos enteramos gracias a ellos de chistes, comentarios o canciones que, sin su intervención y la de algunos jueces que sufren la misma patología, no habrían salido de un reducido círculo de iniciados. Es cierto que en las redes y en grupos auténticamente privados se exalta el terrorismo, se adoctrina y se preparan crímenes, pero cualquier policía medianamente formado debería saber diferenciar esa actividad del mero exabrupto, la sátira o la crítica radical.

Vuelvo al siglo XVIII. En el artículo 11, la misma declaración sostenía: «La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley». No puede haber democracia sin libertad de opinión y por ello la ley debe limitarla lo menos posible. Las injurias a particulares deben solventarlas ellos en los tribunales. Las instituciones y quienes desempeñan cargos públicos están obligados a aceptar las críticas y sátiras más feroces, por otra parte tantas veces justificadas. Es bien sabido que en EEUU se considera protegida por la libertad de expresión la quema de la bandera nacional, práctica que fue muy común en algunos momentos, como durante la guerra de Vietnam, y que realmente encierra un mensaje político bastante comprensible. Menos todavía se podrá perseguir que se prenda fuego a retratos del presidente, el jefe del estado, pero aquí la reciente sentencia del muy necesario tribunal de Estrasburgo despertó lo peor del antieuropeísmo castizo y casi ha provocado la convocatoria de una manifestación en la plaza de Oriente.

En un mundo en el que proliferan gobernantes como Putin, Xi Jingping, Al-Sisi, Erdogan, Trump, Duterte, Kim Jong-un, Al Assad y tantos otros, incluso en la Unión Europea, y en el que crecen los movimientos xenófobos y autoritarios, la prioridad está en la defensa de la libertad. Lo siento por los hipersensibles, tan proclives a ofenderse, que se tomen unas tilas, infusión saludable y que si incrementase su popularidad estimularía la arboricultura.

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