Me sorprende muchísimo que Cristina Cifuentes, a quien conozco y de quien certifico que es una luchadora contra cualquier irregularidad, haya falsificado unas notas para aprobar un máster universitario. Me sorprende incluso más que una mujer de 48 años de edad en el 2012 y de 50 en el 2014, haya caído en un pecado propio de adolescentes. Y me sorprende todavía más que lo haya podido hacer, siendo como era en ese tiempo cargo público, delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid. Una mujer de esa relevancia y con tanta vocación y ambición política no puede haber corrido el riesgo de que la descubrieran. En el peor de los casos, no necesitaba ese máster para su carrera. La prueba de que no lo necesitaba es que la mayoría desconocíamos que lo poseyera. Y no creo que Rajoy la haya promocionado por tener un máster más o menos. La promocionó por otros valores.
Pero también me sorprende todo lo ocurrido después de la publicación de la noticia por eldiario.es. En primer lugar, por el inmenso retraso de la presidenta del PP y de la Comunidad de Madrid en dar una explicación. Cristina Cifuentes no es mujer que meta la cabeza en la tierra cuando es víctima de una acusación. La última que sufrió fue de Paco Granados, que le atribuyó una relación sentimental con Ignacio González, y ella buscó el primer micrófono para descalificar al denunciante. Ahora pareció que estaba buscando coartada, hasta hacer clamorosa la demanda de su versión. Y no resultaron convincentes las palabras del rector y dos profesores de la Universidad. No es creíble que quien era delegada del Gobierno y persona bastante popular en el momento de los hechos se haya quedado en «la alumna de referencia», que no ha dejado ninguna huella en su memoria. Y cuesta trabajo aceptar su barullo explicativo, impropio de quienes llevan tantos trienios en la docencia.
Estas son las dos caras de la moneda el día en que algún medio ya avanzó su obituario: «Se apaga la luz de Cifuentes para suceder a Rajoy». Tampoco vayamos tan de prisa. Para apagar la luz de una carrera política hace falta algo más: hace falta que la falsificación del máster sea indiscutible y, una vez conocida la versión de la presidenta, que se demuestre que hubo un fraude agravado, quizá, por la mentira. Ahora bien: si se demuestra o la presidenta no es creída por los medios, por la Asamblea de Madrid y la mayoría de la sociedad, el presunto fraude cometido solo se paga con la moción de censura, con el abandono de su aliado de gobierno, el partido Ciudadanos, o con la dimisión. Falsificar las notas de un examen para obtener un título no creo que sea un delito. Pero cuando se hace, sí que se puede recordar el célebre «qué error, qué inmenso error».