Puigdemont se creía más listo que nadie y pensaba que podía burlar eternamente a la justicia española viajando libremente de un país europeo a otro. Debía estar convencido de que allí sí funciona la democracia y hay libertad, no como en el Estado opresor español. En lugar de quedarse a salvo en su refugio napoleónico de Waterloo, se arriesgó a ir a Finlandia, de donde tuvo que salir de estampida al enterarse de que podía ser apresado. En su huida desesperada para refugiarse otra vez en Bélgica fue detenido en Alemania, en cumplimiento de una euroorden. Así funciona la UE, la misma que ha dado la espalda a su delirio secesionista. Lo tiene difícil, porque el Código Penal alemán contempla penas que van desde los diez años a la cadena perpetua para un delito muy similar al de rebelión. Y es que los alemanes son así, castigan muy duramente a quienes vulneran su constitución. Puede ser el final de la escapada. La puntilla a un procés agonizante tras el demoledor auto del juez Llarena, que ha vuelto a poner a funcionar la maquinaria independentista de distorsión de la realidad, victimización y exaltación de la emociones. Exacerbada tras la detención del expresidente. Otra vez la cantinela de que en España hay presos políticos, la democracia está suspendida, las ideas son perseguidas y se violan los derechos fundamentales. Nada de eso es cierto. Si los líderes secesionistas están en la cárcel no es por sus ideas, sino por sus actos, que un juez considera constitutivos de gravísimos delitos. Aunque se les advirtió de que estaban delinquiendo, siguieron adelante. ¿Creían que les saldría gratis? Y ahora han llegado las dramáticas consecuencias jurídicas de su empecinamiento y su fanatismo, que han llevado a Cataluña al desastre. Ni más ni menos.