Decálogo para una sentencia


Primer mandamiento: Vivimos en el país del juicio paralelo. Cuando un tribunal profesional dicta una sentencia sobre un caso mediático, el tribunal de la opinión pública ya ha dictado la suya. Si no coincide, estalla el conflicto. Y suele ganar la opinión pública.

Segundo mandamiento: Cuando hay una víctima tan sensible como la agredida por La Manada, resultan estériles las discusiones jurídicas sobre acoso, violación o intimidación. Popularmente no se trata de eso. Se trata de castigar con dureza al agresor.

Tercer mandamiento: Criticar una sentencia es libertad de expresión. Manifestarse contra ella es ejercer el derecho de manifestación. Pretender saber más que un tribunal que analizó testimonios y pruebas y estudió durante meses un caso es osadía.

Cuarto mandamiento: Los juristas que critican o elogian la sentencia terminan pidiendo respeto a los jueces. No siempre deben ser atendidos. Por ejemplo, cuando hay uno que solo ha visto «sexo en un ambiente de jolgorio».

Quinto mandamiento: Los jueces tienen que atenerse estrictamente a lo que dicen los códigos y la jurisprudencia sin atender la presión exterior. Pero, si lo hacen y no escuchan los climas de opinión en casos de violencia sexual, pueden ser linchados o acusados de machistas.

Sexto mandamiento: Los políticos son extraordinariamente rápidos en demonizar una sentencia que tiene mucho público en contra. En las demás se limitan a decir que las respetan. Tan distinta disposición hace difícil distinguir dónde empieza su rigor jurídico y dónde su interés electoral.

Séptimo mandamiento: Sorprende que ninguno de esos políticos, a quienes se supone algún sentido de Estado, haya expresado su confianza en la garantía que supone la posibilidad de recurrir una sentencia. Y la sociedad debe saber que, si se agotan las apelaciones, serán once jueces los que decidan: tres de la Audiencia, tres del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y cinco del Supremo.

Octavo mandamiento: En casos muy sensibles, ninguna declaración política anterior tiene una validez superior a las 24 horas. Hasta ahora el Gobierno siempre se negó a «legislar en caliente». Ayer, en pleno debate abierto y con protestas en la calle, se mostró decidido a revisar estos delitos en el Código Penal.

Noveno mandamiento: Alguien debería decirle a la Policía Nacional que su función no es incendiar las redes con un sonoro «no es no». La policía está para obedecer a los jueces y hacer cumplir la ley.

Y décimo mandamiento: En una sociedad abierta como la actual, elaborar una sentencia cuesta cinco meses y escribir 370 folios. Las protestas se organizan a sí mismas en unos minutos y destrozan las sentencias con solo un eslogan: «no es abuso, es violación».

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