Después del populismo emocional que destrozó la gobernabilidad del país, el pueblo español quiere probar también la justicia emocional, que tipifica delitos y determina pruebas en manifestaciones y redes sociales, y el populismo legislativo, que convierte a los diputados en meros copistas de emociones y sentimientos callejeros.
Es cierto que nunca dejé de criticar a los jueces. Nunca consideré que el acatamiento de las sentencias fuese un requisito esencial de la justicia democrática, ya que, siendo evidente que la Justicia tiene legitimidad y poder para asegurar su independencia y sus veredictos, prefiero exigir que todas las sentencias se ejecuten, antes que adornarlas con una aquiescencia servil, medieval y estéril.
Lo que nunca hice, ni haré ahora, fue sumarme a la crítica populista y colectiva con la que se quiere socavar, confundir y degradar el papel sistémico de la Justicia, para que, en vez de interpretarla como la garantía del inocente y de sus libertades, se entienda como una institución represora, orientada a dar satisfacción a las víctimas y a poner coto a los desmanes que la sociedad no puede evitar, o que incluso llega a promover mediante algaradas y botellones seudoculturales y libertarios -tipo San Fermín- donde el alcohol, la droga y el incivismo se convierten en traicioneras evidencias de modernidad, libertad, laicismo e individualismo.
La función de la Justicia no se puede observar ni valorar en la casuística de sus sentencias, sino en una perspectiva institucional y sistémica que tiene tres pilares esenciales: que la seguridad del inocente prevalece sobre el castigo del culpable; que no se pueden dictar sentencias ejemplares ni disuasorias que, para compensar las deficiencias de los sistemas de educación, socialización y orden público, rebajen las garantías procesales; y que, a la vista de los desastres que se produjeron cada vez que los pueblos, los tiranos o los revolucionarios creyeron que la Justicia sirve para dar satisfacción al pueblo y reforzar a los salvapatrias, se evite la tentación de hacer justicia a demanda de las masas, para optar por un sistema racional y equilibrado de arbitrar la criminalidad y los conflictos sociales.
El espectáculo de estos días, que muestra a las masas enseñándole derecho a los jueces, y a los políticos renegando de su fariseo respeto a las decisiones judiciales para instalarse en una carrera alocada de incrementos de penas y facilidades probatorias, pone de manifiesto el grave peligro que corre una sociedad que, alentada por falsos profetas y redentores, ha llegado a la aberrante conclusión de que los jueces son injustos, de que nueve años de prisión son una asquerosa impunidad, y de que solo es posible defender el orden social al borde del abismo, cuando el mal ya es inevitable y cuando el intento de satisfacer al ofendido es una puerta abierta hacia la barbarie penal y la frustración colectiva.