El ministro Rafael Catalá debe dimitir o ser destituido. Ya. Desde hace tiempo. Pero no -y en esto discrepo con todas las asociaciones de jueces y fiscales, con casi todos los dirigentes políticos- por aludir a «algún problema singular» que padece, no se sabe si congénito o adquirido, el juez discordante de la sentencia de La Manada. El tercer juez. Aquel que solo vio «jolgorio y regocijo» donde sus dos colegas vieron sometimiento y opresión, pero no agresión, ni violencia, ni intimidación.
El ministro Catalá debe dimitir porque mandó a sus fiscales, junto al pelotón de Hacienda y abogados del Estado, a salvar al soldado Ryan y a la infanta Cristina. Debe dimitir porque envió un abrazo y un «ojalá se cierren pronto los líos» a Ignacio González, palabras calificadas por este presunto delincuente como «mensaje encantador». Debe largarse porque fue reprobado por el Congreso -207 votos frente a 134-, máxima expresión de la soberanía popular, y no por un asunto de índole menor, sino «por obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción».
Cosa bien distinta son sus palabras sobre el tercer juez. Él se considera legitimado para alertar sobre las deficiencias que haya en la justicia. Cierto. Deficiencias hay muchas, pero ninguna se corrige señalando con el índice a un juez determinado. ¿Corresponde al ministro de Educación acusar nominalmente al profesor X porque se fuma las clases o no se ajusta al programa? Algún fiscal debería tomar cartas en el asunto y llamar a capítulo al ministro para que aclare sus insinuaciones. Y tal vez lo tenga que hacer, porque el juez Ricardo Javier González estudia presentar contra el ministro una querella por injurias y calumnias. Está en su derecho.
Entiendo al juez, pero rechazo de plano la posición corporativista del Consejo General del Poder Judicial. Ya en el 2005, a raíz de un fallo sobre equiparación de terrorismo callejero y delincuencia común, acordó el gobierno de los jueces que se puede criticar una sentencia pero nunca a los jueces que la dictan. ¿En virtud de qué fuero? ¿Por qué puedo poner a caldo al diputado de mi circunscripción o al presidente del Gobierno y debo jalear las decisiones de jueces y fiscales? ¿Ante quién responde el gobierno de los jueces? ¿Por qué puedo obligar al presidente del Gobierno a rendir cuentas en el Parlamento y no puedo hacer lo mismo con el gobierno del poder judicial?
El ministro, el diputado -¡solo faltaría que quien hizo la ley no pudiera opinar sobre su aplicación!- y este hijo de vecino pueden aplaudir o abuchear una sentencia y a quien la dicte. Pero el ministro Catalá hizo otra cosa. No critica la sentencia -se supone que la ve impecable-, sino el voto particular. No critica a los dos jueces que la firmaron, sino que arremete contra el juez en minoría. Por eso sospecho que lo suyo no es un resbalón, sino una maniobra política de distracción para no soliviantar a la opinión pública. Todo está bien -la sentencia, el código, la Justicia-, salvo «algún problema singular» del tercer juez.