El domingo pasado tuvieron lugar elecciones parlamentarias en Líbano y locales en Túnez, países que, aún distantes y con características diferentes, comparten su lucha por consolidar sus democracias en un entorno hostil donde los ataques internos y externos las mantienen en la cuerda floja.
Ambos comicios han sido objeto de aplazamientos, en Túnez cuatro veces desde el 2011 y en el Líbano tres desde el 2009. En los dos países la participación ha sido muy baja, si en el Líbano ha llegado al 49,2 % frente al 53 % de la anterior, en Túnez no ha superado el 33,7 %.
En ambos casos subyace el desencanto de los ciudadanos con los partidos en el poder, los cuales no han sido capaces ni de garantizar la estabilidad política ni de poner en marcha medidas eficaces para paliar el deterioro de la situación de las capas menos pudientes de la población. Así, aunque el Banco Mundial ha señalado que el índice de pobreza en Túnez se ha reducido del 20,5 % del 2010 -es decir, antes del inicio de la denominada Primavera Árabe y de la expulsión del dictador Ben Alí- al 15 % en el 2015, sigue dejando a un sector muy importante de la población en gran precariedad. Por su parte, en el Líbano, complejo mosaico en el que se mezclan etnias, confesiones religiosas e injerencias extranjeras, el índice de pobreza es del 25 %, sin duda, derivado de sus problemas estructurales, entre los que destaca la corrupción, pero, sobre todo, la llegada de más de millón y medio de refugiados sirios. Además, en Túnez el índice oficial de desempleo alcanza el 15 % mientras que en el Líbano es del 10 %, aunque algunas instituciones independientes lo elevan al 25 % para ambos países.
Pero quizás lo más preocupante sigue siendo el ascenso que los partidos proislamistas están experimentando, más como consecuencia del desencanto de los posibles votantes de los otros partidos que de su base social real.