Por si a alguien le cabía alguna duda, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, vino ayer a dar la razón en el Congreso al descreído Antonio Cánovas del Castillo, que ya en el siglo XIX nos dejó una máxima nunca refutada en la política española. «No hay más alianzas que las que trazan los intereses, ni las habrá jamás», sentenció el dirigente del Partido Conservador y seis veces presidente del Consejo de Ministros. Ha bastado que el sondeo del CIS confirme que Ciudadanos le pisa los talones al PP en intención de voto, para que la supuesta lealtad mutua del llamado bloque constitucionalista salte por los aires y se derrumbe como un castillo de naipes. Y lo hace, además, en el peor momento, a doce días de que los independentistas catalanes tengan que decidir si siguen jugando a la república de la señorita Pepis o forman de una vez un Gobierno autonómico que pase por el aro de la ley y la Constitución.
Rivera considera, al parecer, que este es un buen momento para presumir de agallas, medir quién las tiene más grandes frente al separatismo y dejar en el Diario de sesiones algo tan desconcertante como que a partir de ahora el Gobierno «no podrá contar con nuestro apoyo para aplicar la Constitución en Cataluña». Lo que el líder naranja reprocha al Ejecutivo es que no haya recurrido ante el Tribunal Constitucional para impedir que los diputados Carles Puigdemont y Toni Comín puedan delegar su voto en la sesión de investidura. Lo cual demuestra que tener razón no es incompatible con meter la pata hasta el fondo.
Que dos fugados de la Justicia ejerzan esa suerte de televoto desde su apartotel de Berlín es una indignidad que no debería permitirse. Bastaría con que el Gobierno recurriera para que, si esa impugnación es admitida a trámite, se impidiera la tomadura de pelo. Es evidente que la Moncloa no recurre para facilitar que los independentistas, una vez abortada la teleinvestidura de Puigdemont, dispongan de mayoría para formar un Gobierno legítimo y despejar así el camino de los Presupuestos con apoyo del PNV tras el levantamiento del artículo 155. Pero liarse a garrotazos en el Parlamento, en lugar de debatir y acordar ese asunto en privado, demuestra que lo que busca Rivera es recortar cuanto antes esa mínima distancia con el PP que marca el CIS, aunque sea a costa de que los secesionistas gocen viendo al constitucionalismo a la gresca.
El penoso espectáculo parlamentario nos deja otra imagen para la reflexión. Rajoy tachando de «aprovechategui» a Ciudadanos y poniendo como gran ejemplo de lealtad constitucional al PSOE, y los socialistas apoyando firmemente al Gobierno y acusando a los naranjas de carecer de «sentido de Estado». Una pinza perfecta contra Rivera. El CIS mueve montañas. Los partidos tradicionales empiezan a comprender, probablemente tarde, el error que cometieron dando alas a esa cosa llamada «nueva política» para destruirse mutuamente, en lugar de haber tratado de sostener, más allá de sus diferencias, y volviendo al cínico Cánovas, un modelo bipartidista que les permitió una cómoda alternancia en el poder.