La de la democracia española es sin duda una historia de éxito que nos ha permitido vivir episodios memorables como las primeras elecciones libres, los pactos de la Moncloa, la aprobación de la Constitución de 1978, la adhesión a la Unión Europea o la victoria frente a ETA, hasta convertirnos en un Estado de derecho plenamente consolidado y una de las mayores potencias económicas del planeta. Ese camino no ha estado sin embargo exento de dificultades, de errores históricos e incluso de momentos negros que nos avergüenzan como demócratas, entre los que cabe citar en primer lugar el golpe de Estado del 23-F.
Políticos de uno y otro signo, con mayor o menor acierto en su gestión, pero demócratas todos, lograron en este tiempo, pese a las graves tensiones, una civilizada convivencia democrática basada en el respeto a todas las opciones en el marco de la ley y el reconocimiento de que todos los españoles somos seres humanos con los mismos derechos y obligaciones. Ayer, sin embargo, en el Parlamento catalán tuvo lugar uno de los episodios más negros de nuestra democracia. En España hemos tenido figuras de gran talla política, pero también dirigentes incompetentes, radicales, reaccionarios, oportunistas, ventajistas y también corruptos. Lo que nunca habíamos tenido hasta ahora es un presidente autonómico de ideología abiertamente racista. Y, por ello, el hecho de que Junts per Catalunya, ERC y la CUP hayan dejado la Generalitat en manos de un supremacista como Quim Torra, cuyo discurso se asemeja mucho más al del Ku Klux Klan o al de los grupos más xenófobos de Europa que al de una opción política democrática, es algo gravísimo que va mucho más allá de la amenaza independentista.
Propugnar el separatismo, e incluso forzar las leyes para tratar de conseguirlo, es algo reprobable. Pero reducir a la categoría de «bestias con forma humana» a quienes hablan español en Cataluña, afirmar de los españoles que hay «un pequeño bache en su cadena de ADN», decir que destilan «un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho» o afirmar que España es «un país exportador de miseria», como hace Torra, es otra cosa. Algo mucho más peligroso que nos retrotrae a las soflamas antisemitas escuchadas en la Europa prebélica del siglo XX. Eso solo tiene un nombre: racismo. Es seguro que Torra no es el único independentista que piensa de esa manera. Pero alguien capaz de dejar por escrito en tiempos muy recientes semejante discurso de odio fanático no debería haber sido elegido jamás para representar a todos los catalanes, que desde ayer cargan con la vergüenza de estar presididos por un político xenófobo y exaltado.
El Gobierno deberá estar muy vigilante y aplicar de nuevo, sin complejos y durante el tiempo que sea necesario, el artículo 155 ante cualquier decisión de Torra que vulnere la Constitución. Pero, por encima de ello, será necesario trabajar para impedir que su ideología supremacista llegue a calar mayoritariamente algún día en la sociedad catalana. Porque si eso llega a ocurrir, lo de menos será la independencia.