El Partido Popular no puede seguir en el gobierno


La nueva sentencia sobre el caso Gürtel no puede considerarse una sorpresa. A estas alturas, tampoco lo es la detención de otro exministro de Aznar e histórico dirigente del partido. Precisamente por eso, el PP hace tiempo que debería estar fuera del gobierno, pero todo, incluso la indulgencia con la corrupción, tiene su límite. Las tres grandes formaciones de la oposición, PSOE, UP y C’s, cuentan con una holgada mayoría absoluta, no tienen excusa para no poner término a una situación insana que desprestigia a la política, debilita a la democracia y desmoraliza a los ciudadanos. Lo que ya no tiene cabida es una nueva moción de censura sin respaldo suficiente, que quedaría en un simple debate parlamentario cuando ya está anunciado el del estado de la nación. Probablemente el PSOE se haya precipitado al presentar la suya con tanta rapidez y sin negociación previa, pero todavía puede buscar una amplio acuerdo.

No se trata de crear una coalición insostenible que llevase al gobierno a partidos con programas muy diferentes. Con un mínimo de sentido de Estado, debería ser posible formar un gobierno técnico, con personalidades de prestigio, que condujese al país a nuevas elecciones. La Constitución no exige que el presidente del gobierno deba ser diputado, Pedro Sánchez no lo es, o dirigente de un partido político. La oposición podría buscar un candidato independiente de consenso o incluso, si se partiese de la moción ya presentada por Sánchez, conformar un gabinete en el que estuviesen los tres líderes, como presidente y vicepresidentes, y ministros técnicos aceptados por los tres partidos.

Un gobierno de esas características solo tendría que ejercer su labor durante unos meses, que los presupuestos estén aprobados, gusten o no, puede facilitar su gestión. Desde luego, podría llevar a la práctica medidas que ya han generado acuerdo entre la oposición, como la renovación de la dirección de RTVE, incluso, si el deseo de pacto y la generosidad de los partidos fuese suficiente, la reforma de la ley electoral. Las elecciones podrían coincidir con las municipales y autonómicas, para evitar que se acumulasen dos consultas en poco tiempo.

Sin duda, desde los medios afines al PP se acusaría al nuevo presidente de no haber sido elegido en las urnas, cuando ninguno lo es en sentido estricto y menos Rajoy en 2016. Al PP solo lo votó el 33% de quienes acudieron a las urnas, el 67% prefería a otro presidente del gobierno. Quien lo eligió fue el parlamento, con los votos de Ciudadanos y la abstención del PSOE, no los electores.

Todas las encuestas señalan que incluso buena parte de ese 33% de votantes que hace dos años se inclinó por el PP está hoy arrepentido. No parece que un acuerdo como el que propongo vaya a sufrir un castigo posterior en las urnas. Eso sí, el mayor problema está en Cataluña. Las posiciones de los tres partidos que deberían pactar son en ese caso muy distantes y solo podría encontrarse una salida viable, que tendría que pasar por la formación de un gobierno de la Generalitat y el fin de la aplicación del artículo 155, si, ante la perspectiva de un cambio de gabinete en España, los independentistas, o parte de ellos, adoptasen una postura más conciliadora. ERC no debería olvidar que la corrupción entierra tanto a CDC y sus sucesores como al PP, aunque la cuestión de la independencia la eclipse parcialmente Cataluña.

Las situaciones difíciles exigen grandeza y altura de miras a los políticos. Lo que no puede obviarse es que los jueces han ratificado que el PP funcionaba con una contabilidad oculta, que manejaba dinero negro que se repartía incluso al actual presidente del gobierno; que no hay casos aislados de corrupción, sino que esta se ha extendido como la gangrena por el Partido Popular y su entorno; que no basta con la acción de los jueces. Un partido carcomido por la corrupción no puede gobernar, especialmente cuando ni siquiera tiene mayoría en el parlamento, que pase a la oposición es el requisito indispensable para que la sociedad española recupere la confianza en la política y las instituciones. Hay que abrir una nueva etapa y quienes lo impidan sí que aparecerán como cómplices de los corruptos.

He visto en algún periódico conservador lamentos por unas penas que presenta como más elevadas que las de un asesinato, no se puede retorcer más la verdad: los condenados suman muchos años porque lo han sido por varios delitos, pero solo cumplirán la pena del delito mayor. Parece que la gangrena no solo ha infectado al PP.

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