Patronal y sindicatos alumbraron ayer un preacuerdo salarial para el período 2018-2020, que, si no surgen imponderables de última hora, será ratificado en los próximos días por sus respectivas organizaciones. Los agentes sociales recomiendan, con carácter general, subidas anuales del 2 %, más otro punto adicional variable en función de los resultados y productividad de cada empresa. Lo que significa, siempre que la inflación no se desmande, que casi diez millones de trabajadores, protegidos por más de 4.000 convenios colectivos, comenzarán a recuperar una parte del poder adquisitivo que les drenó la crisis.
El pacto supone una magnífica noticia. Primero, porque triunfa el diálogo, se abre paso la concertación y España gozará de estabilidad laboral y paz social durante los próximos años, el mejor humus para que se consolide la recuperación. Segundo, porque, sin ser óptimo, el acuerdo cancela la política de devaluación salarial que cargó sobre las espaldas de los trabajadores el grueso de la factura de la crisis. Tercero, porque contribuye a minorar -o, al menos, no agrandar- las enormes brechas de renta que han convertido a España en el segundo país con mayores desigualdades de Europa. Cuarto, porque, a diferencia de lo sucedido en la Unión Europea, donde los márgenes empresariales encajaron buena parte del impacto de la crisis, aquí las víctimas propiciatorias fueron el empleo y los sueldos: el año pasado, sin ir más lejos, los beneficios crecieron el doble (9,2 %) que la masa salarial (4,5 %), pese a la creación de medio millón de puestos de trabajo. Y quinto, porque permite abrigar la esperanza de que aún sea reversible el modelo laboral de precariedad y low cost que nos impusieron: la evolución del salario mínimo fijado en convenio, hasta alcanzar los 14.000 euros en el 2020, va en la buena dirección.
El acuerdo abre la puerta también al pulido de las aristas más agresivas de la reforma laboral. Temas como la subcontratación fraudulenta -convertida en un coladero de precariedad laboral-, la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa -en beneficio de los trabajadores con menor capacidad de presión-, la ultraactividad y, en general, la restauración de la negociación colectiva quedan pendientes para el diálogo tripartito. Si los agentes sociales y el Gobierno consiguen sacar adelante ese segundo pacto, que significaría la reposición parcial de derechos usurpados a los trabajadores, a ver quién es el guapo que en el Parlamento se opone a la reforma de la reforma.
Ciertamente pueden encontrarse lagunas en el acuerdo logrado. Hay, en primer lugar, que trasladar y materializar esas recomendaciones en cada empresa o sector. No existe garantía de que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo, como tampoco nadie garantiza que los precios se mantengan por debajo del 2 %. La existencia o no de cláusulas de revisión se remite a la negociación en el seno de la empresa. Pero, aun así, el acuerdo es positivo. Tal vez le sirva de reflexión a Rajoy en su retiro de Santa Pola: que una cosa es crecer más que nadie y otra muy distinta empezar a percibir los beneficios del crecimiento.