Las elecciones generales son un procedimiento para designar a quienes conformarán las Cortes Generales, una de cuyas Cámaras debe elegir al presidente del Gobierno. Pero las generales son algo más, de importancia primordial: el momento en el que los partidos realizan sus ofertas al cuerpo electoral y contraen con él solemnes compromisos. Solo así pueden los votantes exigir responsabilidad a los votados por la forma en que han cumplido o incumplido el mandato recibido.
Pedro Sánchez no ha ganado la presidencia en elecciones. Más allá de la deslealtad constitucional que supone haber aceptado llegar a la Moncloa con el apoyo de los partidos golpistas catalanes, la moción de censura que lo ha convertido en presidente es, pues, la fuente de legitimidad de su poder y marca, por ello, los límites a los que Sánchez debe sujetarse: aquello para lo que pidió el apoyo del Congreso.
¿Un programa? No, un montón de vaguedades, entre las que solo había tres clarísimas ideas: regenerar la vida política española (es decir, echar a Rajoy y a su partido), dar estabilidad al país (con un Gobierno apoyado por 84 diputados y no por 137) y convocar nuevas elecciones. Sánchez lo resumía en un tuit el mismo día que comenzó el debate en el Congreso: «Defiendo esta moción de censura por coherencia, responsabilidad y democracia. Propongo un Gobierno socialista, paritario y europeísta que cumplirá con la Unión Europea y la Constitución. Su hoja de ruta: estabilizar, atender las urgencias sociales y convocar elecciones».
Sin embargo, en la entrevista en Televisión Española -madurada tras un largo silencio de casi dos semanas- ese propósito esencial ya había cambiado: Sánchez anunció que su propósito era ¡agotar la legislatura! Sí, la que acaba de prometer en el Congreso que disolvería en cuanto se acabase la emergencia nacional que, según él, justificaba la censura.
Hoy es ya público y notorio que todo lo dicho por Sánchez en la Cámara era un cuento para justificar un sencillo «quítate tú que me voy a poner yo a ver si así logró salir por fin del agujero electoral en que he metido a mi partido». Si ello es grave, pues supone engañar al país entero, mucho más lo es que el presidente haya abierto sin pensárselo dos veces una agenda de cuestiones de importancia política, económica y social trascendental.
Anteayer se entrevistó con el presidente de la Comunidad del País Vasco para hablar del acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas, la transferencia de las prisiones y el traspaso de los servicios de la Seguridad Social. ¡Nada más y nada menos! ¿Es eso «atender las urgencias sociales» o algo que remotamente se le parezca? En absoluto: es meterse de hoz y coz en asuntos esenciales de la política española, para los que Sánchez carece del más mínimo mandato popular. Es, dicho claro y pronto, pasarse de la raya que separa la acción legítima de un gobernante democrático de la que obviamente no lo es.