Me apresuro a aclarar que el título de esta crónica no es mío. Es de Ignacio Varela en la tertulia del programa Mas de uno de Onda Cero. Pero lo suscribo: lo ocurrido con los tres primeros periodistas propuestos para la presidencia de Radiotelevisión Española es un caso de pornografía política. Y no por los periodistas, que tienen todo el derecho del mundo a tener una ideología y al final han sido víctimas de las maniobras de los partidos Socialista y Podemos y de sus máximos dirigentes. Ha sido un espectáculo políticamente pornográfico, porque el proceso ha resultado obsceno en su concepción y en su desarrollo. En su concepción, porque todo ha sido fruto de un pacto secreto, a espaldas de la opinión pública, de los señores Sánchez e Iglesias. En su desarrollo, porque ha demostrado una voluntad expresa de controlar una empresa pública de comunicación que, si se debe distinguir por algo, es por su neutralidad política; la misma que Sánchez e Iglesias exigían a los responsables cesantes de RTVE en los tiempos del Gobierno del Partido Popular.
Recapitulemos. Cuando Sánchez ganó la moción de censura, se nos dijo que no había habido pagado ningún precio a ninguno de los partidos que lo votaron, ni a Podemos ni a los nacionalistas. Todo se presentó como un acierto de oportunidad, porque el secretario general del PSOE supo aprovechar el momento en que la mayoría del Congreso quería echar a Rajoy. La busca de presidente de RTVE demostró la falsedad de la negación, al menos en parte: los descarnados tuits de la segunda candidata, la lucense Ana Pardo de Vera, basados en una conversación con Pablo Iglesias, descubrieron la esencia del pacto secreto; Sánchez había concedido al secretario general de Podemos el poder en la radio y la televisión pública. «Quiero los telediarios», había dicho Iglesias en una ocasión. Y no parece que sea para mejorar sus contenidos, ni servir a la objetividad.
La oscurantista peripecia deja el panorama sembrado de dudas. La teoría de las concesiones y los pagos por un voto ya lo inunda todo. Ya es imposible distinguir si el acercamiento de los políticos catalanes encarcelados es una acción de derecho o algo apalabrado como precio. Lo mismo ocurre con las nuevas decisiones encomendadas a «comisiones de estudio» para el País Vasco. Lo mismo ocurrirá con cualquier decisión del Gobierno que afecte al Estado de las Autonomías o a las inversiones territoriales. Y lo mismo cabe esperar de las medidas sociales que coincidan con el programa de Podemos, cuyo líder, además, no sólo quiere influir, sino que se note que influye. Es más: a veces produce la impresión de que es el presidente-bis o ha conseguido la podemización por la puerta de atrás.