Punto primero: la Justicia alemana, o ese tribunal regional de Schleswig-Holstein podrá decir lo que quiera, pero el intento de romper la unidad de una nación burlando las leyes, movilizando a ciudadanos en la calle, organizando protestas y escraches y montando un referendo sin garantías jurídicas es una rebelión como una catedral. Podrá no tener los requisitos de Alemania para alcanzar la categoría penal de alta traición, pero si el jefe de gobierno de un estado federado alemán hubiese hecho lo mismo allí, caería sobre él la más dura de las condenas. Por lo tanto, considerar inadmisible la acusación que Llarena hace al político catalán es un manifiesto menosprecio a la Justicia española y una interpretación frívola de la aplicación de las euroórdenes.
Punto segundo: dijo el presidente del gobierno español, señor Sánchez, después de conocer la sentencia del tribunal alemán que todos los procesados por el 1-O «tienen que ser juzgados en España y va a ocurrir». Sorprende tanta complacencia presidencial, porque será bastante peor: el señor Puigdemont, si llega a ser juzgado, lo será por menos delitos que los otros cinco compañeros de causa que hoy están en prisión acusados de rebelión. Eso va a crear problemas jurídicos de gran magnitud. Incluso podríamos ver que, si se aplica el último auto del juez Llarena y al mismo tiempo la sentencia alemana, Puigdemont podría seguir siendo diputado.
Y punto tercero: todavía hay una consecuencia política peor y más peligrosa en la sentencia alemana, que es el uso que los independentistas harán de ella. Es un uso que tienen ya muy ensayado: la Justicia española no es independiente, sino servil a los intereses políticos del Estado opresor; la Justicia europea es la única fiable; la sentencia confirma que en España hay persecución de ideas, con lo cual es una dictadura, etcétera. Ese discurso se empezó a decir ayer y se convertirá en el cuerpo de doctrina básica del independentismo. ¡La puñetera judicialización!
Conclusión: a efectos penales, lo mejor que puede hacer quien ha cometido un delito de origen político es fugarse de España. La euroorden no sirve para nada, porque no existe una Justicia europea. Puigdemont no ha pisado la cárcel, mientras sus compañeros, como Junqueras, llevan ocho meses y medio encarcelados y encima serán juzgados por un delito mayor. A efectos políticos, aunque el Supremo no acepte la decisión de Alemania, el Estado español recibe otro golpe y demuestra una vez más que no tiene mensaje ni hoja de ruta para una emergencia como esta. El independentismo consigue una victoria que le da vitalidad. Ha cogido tanta moral, que hasta el silente Jordi Pujol salió de su espesura a arengar al personal.