Si yo estuviese en la Moncloa, lejos de dejar a la magistrada García Pérez a los pies de los caballos, la nombraría Fiscala Generala del Estado. Porque, tras repasar a ojo de buen cubero la nómina de jueces, no creo que la falta de doña María Jesús pase de pecado venial, cosa que con una simple avemaría se puede resolver; y porque, viendo que nuestro Código Penal y las leyes procesales se han descuajeringado a causa de sus reformas casuísticas, sus usos ejemplarizantes, sus aplicaciones oportunistas, su fobia machista y su irremediable desproporcionalidad, creo que la única posibilidad de que alguien mantenga su orientación en esta maraña de dislates es una jueza -es decir, una mujer- que acumula en su currículo 21 matrículas, con experiencia en juzgados de media España, que compagine la técnica jurídica con sus dotes de pitonisa, para que, entre las improvisaciones de los tribunales belgas, escoceses, alemanes y españoles, encuentre algo que se pueda hacer -sin ser indulto, ni desmesura, ni dogmática, ni trapallada- para resolver el caso Puigdemont y su mariachis.
Los tribunales españoles, vistos en su conjunto territorial y jerárquico, han transitado en pocas semanas desde una escandalosa permisividad con las desobediencias, las prevaricaciones y las malversaciones al desmesurado rigor de la rebelión, cuya fragua, de haber funcionado, tiene que haber dejado la historia del procés preñada de delitos que quedaron impunes. Y, en tales circunstancias, es lógico que los tribunales belgas, alemanes y escoceses, y una gran parte de los expertos nacionales, estén llenos de dudas sobre la colosal y rigurosa instrucción de Llarena, sobre sus medidas preventivas calificadas entre lo puramente irracional y lo absolutamente injusto, y sobre la solución que debe darse al choque entre la situación procesal de los héroes fugitivos y los pringaos detenidos.
Lejos de estar ante una rebelión, que implica un ataque contra el orden institucional y legal establecido, creo que estamos -como dijo Junqueras- ante una revolución, por cuya virtud los poderes del Estado han perdido su orientación y la eficacia de su función, hasta el punto de convertir en injustificable desmesura casi todo lo que hacen para devolvernos el orden, la justicia y la paz que preconiza la Constitución. La Moncloa se está escaqueando; la Fiscala General se lo está pensado; el Supremo se está temiendo el ridículo; los tribunales de Cataluña no quieren saber nada del asunto; la opinión pública está ocupada con doña Corinna, y los analistas empezamos a temer un peligroso fiasco. Así que, no pudiendo clamar al cielo -porque somos laicos-, y con nuestros juristas desconcertados en medio del marasmo, solo se me ocurre encomendarle el caso a una bienaventurada conjunción de perita jurista y pitonisa clásica. Y la única que conozco se llama María Jesús García, a la que estamos subempleando, como una vulgar jueza, en la ciudad de Lugo.