Los evasores siguen en el anonimato

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Muchos utilizamos en su día las palabras más gruesas del diccionario para descalificar la amnistía fiscal diseñada por Cristóbal Montoro y aprobada por el Gobierno del PP en marzo de 2012. Cinco años después, el Tribunal Constitucional nos dio la razón como a los locos: esa medida de gracia vulnera la Constitución, es nula de pleno derecho, pero lo hecho, hecho está y santas pascuas. Todavía no entiendo por qué los más de 30.000 beneficiados por el indulto no se identifican de motu proprio, aunque solo sea para reírse en los morros de millones de pardillos:

-Aprended, ingenuos contribuyentes, conseguimos la bula por un módico 3 % y vosotros empeñasteis camisa y calzoncillos para abonar hasta un 52 % de impuesto sobre la renta.

El fallo del Constitucional fue tan duro como intrascendente. Los ex defraudadores descorcharon el champán, ahora adquirido con moneda de curso legal, y el Gobierno apencó con un rapapolvo tan inocuo que hasta Montoro mantuvo intacto su peculiar sentido del humor. Llegó a sugerir que la publicación de la lista de evasores podría deparar desagradables sorpresas a los socialistas, y como estos le replicaran que tal insinuación parecía sacada de El Padrino, soltó una de sus célebres gracietas: «Yo no paseo por el Congreso con ninguna cabeza de caballo cortada». Y aún se permitió obviar la condena y justificar su amnistía: «Si no se echa el cebo, los pececitos no vienen».

Pensaba que esa era agua sentenciada y pasada, pero me equivoqué. La amnistía de Montoro vuelve, como un bumerán o una enorme paradoja, para propinar la primera bofetada política en la cara de Pedro Sánchez: el nuevo presidente acaba de descubrir que no puede publicar la lista de los 30.000 amnistiados.

Pedro Sánchez se metió él solo en las zarzas, sin que esta vez lo empujase la oposición. Su incursión comenzó con una metedura de pata: su reiterado compromiso de publicar, en cuanto fuese presidente, el listado de defraudadores. Se lanzó al río sin socorristas, sin evaluar el alcance y límites del secreto fiscal definido en varias disposiciones -la Ley General Tributaria, por ejemplo- y sin examinar la sentencia del Tribunal Constitucional que, al tiempo que declara ilegal la amnistía y condena al Estado por abdicar de sus obligaciones, niega su retroactividad, para proteger los derechos de quienes se acogieron a ella.

Al llegar a la Moncloa con la hemeroteca al hombro, Sánchez se dio de bruces con la realidad jurídica. Y descubrió que «no podemos modificar un pasado ya sentenciado». Pudo haberse quedado ahí, encajar el golpe político y enterrar definitivamente el asunto. Pero me temo que, en su afán por disimular el flagrante incumplimiento de sus promesas, se encamina hacia un segundo error: promover una ley que impida amnistías futuras. Y esto, si se me permite, suena a estupidez. Desde la sentencia del Constitucional, ningún Gobierno puede aprobar ya una amnistía fiscal por decreto ley. Y tampoco hay ninguna ley que bloquee otra ley de amnistía: a igual rango, gana la última.

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