La monarquía no puede ser tabú


Redaccion

Es poco discutible que la monarquía es un anacronismo que solo pervive, en un número cada vez menor de países, por inercia histórica o porque resulta un poderoso instrumento de poder para las clases, o castas, dominantes. Lo primero puede aplicarse a las escasas democracias coronadas europeas, lo segundo a los despotismos africanos o asiáticos, por mucho que algunos se cubran con ropajes pseudoconstitucionales y otros ejerzan un paternalismo más o menos modernizador.

Incluso en las democracias juega un papel ideológico claramente conservador. Representa un vínculo con el pasado que la convierte en símbolo de valores tradicionales y, aunque ya no sea de derecho divino, siempre aparece ligada a la religión predominante en el país. El ceremonial que la acompaña puede servir para aumentar su popularidad, en todas partes se disfruta con el carnaval, pero el boato monárquico no deja de ser una exaltación de la desigualdad.

Rechina que en una democracia la primera magistratura del Estado sea vitalicia y hereditaria, lo hizo desde que se estableció la primera Constitución monárquica en 1791. Aunque había proclamado que la soberanía residía en la nación, la mayoría liberal de la asamblea constituyente francesa pretendió atemperar el conflicto con los privilegiados del antiguo régimen y frenar la tendencia hacia la democracia poniendo a un rey al frente del poder ejecutivo. El choque entre un poder no elegido y cuya legitimidad, a pesar de la Constitución, procedía de la herencia familiar y el votado por los ciudadanos activos, el parlamento, acabó, como es bien conocido, de forma trágica para el primero. Tras la experiencia radical de la revolución, el liberalismo moderado, ya claramente burgués, abandonó la idea de que la nación era soberana y reforzó las funciones de los monarcas en las constituciones decimonónicas. La monarquía fue vista como un factor de estabilidad, como una eficaz barrera contra la peligrosa democracia, que parecía una puerta abierta hacia el socialismo.

Ni siquiera resultó fácil la convivencia entre los reyes y el liberalismo burgués, pero los cambios que provocó la revolución industrial en las sociedades europeas, como el crecimiento de las clases asalariadas urbanas, entre ellas la obrera, o el aumento de la alfabetización, reforzaron a las corrientes democráticas y socialistas. En el siglo XX las monarquías se democratizaron o desaparecieron. Las pocas que sobrevivieron lo hicieron en los raros países que no conocieron movimientos revolucionarios significativos durante la Edad Contemporánea, o sea que se democratizaron pronto y sin grandes convulsiones, o en pequeños estados, incluso minúsculos, en los que constituyen un elemento decisivo de su identidad. Realmente, solo tres grandes estados la conservan: Reino Unido, Suecia, extenso aunque poco poblado, y España. El nuestro es el caso más excepcional.

No hay ningún otro país europeo en el que la monarquía haya sido restaurada después de la Segunda Guerra Mundial. España, república desde 1931 y simplemente Estado desde 1939, fue definida por Franco como reino en 1947, aunque sin determinar quién y cuándo ocuparía la corona; hasta 1969 no designó el dictador, con el novedoso y efímero título de Príncipe de España, a quien debía sucederle a título de rey.

Esa tardía y anacrónica restauración de la monarquía se produjo en una dictadura, sin que el pueblo pudiera pronunciarse directamente o por medio de sus representantes, y la posterior democracia la aceptó porque las fuerzas más importantes de la oposición consideraron que era la única forma de que el todavía poderoso Estado franquista pudiese transformarse en una democracia. Es cierto que la Constitución de 1978, ratificada en un referéndum, legitimó la monarquía restaurada por Franco, pero también que la alternativa era votar sí o no a la democracia. No era nada evidente el entusiasmo monárquico de los españoles, el propio Adolfo Suárez confesó que no se había atrevido a someter a referéndum la monarquía porque las encuestas de que disponía daban a entender que podría ser rechazada.

El golpe del 23 de febrero de 1981 confirmó en cierto modo la utilidad de haberla conservado, pero no eliminó su carácter de anacrónica anomalía. Algo que ha corroborado durante estos cuarenta años la derecha más conservadora, supuestamente la mayor defensora del sistema, que ha pretendido con contumaz reiteración que el rey se extralimitase en sus funciones constitucionales.

Un rey es un jefe de estado no elegido y vitalicio, que ocupa el cargo por herencia, independientemente de su capacidad o cualidades personales, y en una democracia, por principio, pero también como medida profiláctica, no puede intervenir en la actividad política. Sus tareas deben ser solo formales y de representación, sometidas al gobierno elegido por el parlamento, e indirectamente por el pueblo, y siempre tiene que ser neutral ante las diversas opciones políticas. Eso lastra sus funciones en crisis como la que se vivió tras las elecciones de 2015, algo que no sucede con un presidente de la república, que, independientemente de cómo sea elegido, siempre tendrá la legitimidad de ser un cargo democrático y temporal, que no será reelegido si actúa contra la voluntad de sus electores.

Esa anómala condición de los monarcas les exige que lleven al extremo lo que se le debe pedir a cualquier cargo público: la honestidad y el cumplimiento de las leyes. Si un rey se enriquece de forma ilícita, defrauda a la hacienda pública y mantiene cuentas secretas en el extranjero amparado en su inviolabilidad, está demostrando que dejar en manos de una familia, a título hereditario, la jefatura del estado es un error que debe ser corregido cuanto antes. Especialmente cuando acaba de recibir sentencia el caso Nóos, que no solo implicó al yerno y a la hija de Juan Carlos I, sino que ahora se afirma que incluso contó con su colaboración.

Las denuncias de Corinna Larsen pueden ser ciertas o no, pero deben ser investigadas y, si resultan verdaderas, no solo el anterior rey debe ser procesado, será la ocasión de plantear la propia continuidad de la monarquía. Podría hacerse sin necesidad de escándalo alguno, aunque también se puede comprender que se considere un asunto conflictivo y no prioritario cuando existen otros problemas, pero si la dinastía, como tantas veces en el pasado, vuelve a violar las leyes, la única conclusión posible es que ha llegado el momento de establecer una república.

Es cierto que una república ha llevado a la jefatura del estado a Donald Trump, pero los norteamericanos no lo soportarán más de ocho años, con un poco de suerte, solo cuatro; a Fernando VII los españoles lo sufrieron treinta años y solo porque, afortunadamente, murió joven; para cesar a Isabel II fue necesaria una revolución.

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